La Conferencia Sectorial de Igualdad ha acordado este miércoles por unanimidad los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (PEVG), que este año cuentan con una importante novedad que permite dar cumplimiento a una de las peticiones de los territorios, ampliando a qué programas y actuaciones se podrán destinar el 10 % de los 100 millones de euros de transferencias a las comunidades autónomas y ciudades autónomas.
En concreto, La Rioja recibirá 1.512.195 euros, que se distribuirán del siguiente modo:
– 189.867 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores.
– 65.024 euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados
– 197.614 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
Papel fundamental de las comunidades autónomas
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que ante esta situación de alarma machista, “esta Conferencia Sectorial de Igualdad adquiere una relevancia mayor”. “Se trata de una herramienta de coordinación y comunicación que hoy, sin ninguna duda, es más necesaria que nunca tras los últimos asesinatos machistas”, ha destacado.
Montero ha trasladado a las comunidades presentes que la intención del Ministerio de Igualdad es tener el Plan de Mejora y Modernización de las Actuaciones Contra la Violencia de Género listo en el mes de julio. En ese sentido, ha destacado el papel fundamental de las regiones y entidades locales para poder diagnosticar qué se debe cambiar o mejorar.
“Es en cada uno de los territorios donde se regulan los servicios de atención, ya sean ambulatorios o residenciales, dónde se presta la atención integral y directa a las mujeres y menores víctimas, por eso quería reiterarles la importancia de que realicen todas las aportaciones posibles al Plan”, ha indicado. Como resultado de las aportaciones recibidas hasta ahora, la ministra ha informado que desde el Ministerio se elaborará, entre otras medidas, un Protocolo Marco de ámbito estatal.
Este recogerá una serie de recomendaciones para la actualización de las acciones de detección, prevención, sensibilización, protección y reparación. “Creo que tenemos mecanismos muy útiles y muy potentes que debemos poner en valor, que deben de guiar y acompañar la actuación común, en aras de poder dar cumplimiento también a los cuatro pilares en los que se fundamenta el Convenio de Estambul: prevención, protección, enjuiciamiento y una actuación coordinada interinstitucional”, ha indicado Montero.
