El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, ha presidido este jueves el Consejo Riojano de Relaciones Laborales, reunido en el Centro Tecnológico de La Fombera para presentar la memoria del año 2020.
En la sesión han participado también los miembros del Consejo, el director general de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, Ignacio Arreche; la subdirectora general de Empleo y Diálogo Social, Cristina Rodríguez; el gerente de la ADER, Fernando San José; la directora territorial de la Inspección de Trabajo, Lucía Moreno, representantes de UGT, CCOO y FER.
En la misma, se ha abordado y establecido la propuesta de los 12 festivos laborales de carácter retribuido y no recuperable, que incluye las fiestas de ámbito nacional, para el año 2022. El listado de festivos propuesto se elevará próximamente para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.
Los convenios colectivos caen un 80 por ciento
En la reunión también se ha presentado la memoria de actuaciones llevadas a cabo desde el Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral durante el año 2020, que incluye, entre otras, el registro de los convenios colectivos, el seguimiento de las actuaciones derivadas para mitigar el impacto del coronavirus en la actividad económica de La Rioja como es la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), seguimiento de huelgas, procedimientos sancionadores por infracciones en el orden social o conciliaciones previas en conflictos laborales individuales y colectivos.
Respecto a los convenios colectivos registrados en 2020, fueron un total de 6 frente a los 30 del año anterior, de los cuales 4 correspondieron a convenios de empresa y 2 de sector. Además, se registraron 10 revisiones salariales, frente a las 11 de 2019, de las cuales 6 correspondieron a sector y 4 a empresa.
En la misma quedan reflejados los datos de las actuaciones derivadas para mitigar el impacto del coronavirus en la actividad económica de La Rioja. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad destinadas a evitar despidos con la suspensión temporal de contratos y la reducción temporal de la jornada a través de los ERTE. Esto ha supuesto un importante reto organizativo en el que han participado equipos de trabajo integrados por hasta 80 personas de todas las Consejerías del Gobierno de La Rioja, bajo la coordinación del personal de la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales y que ha permitido la resolución expresa en plazo (5 días a contar desde la presentación) de los procedimientos por causa de fuerza mayor en el 82 por ciento del total de los casos.
En este sentido, se recoge que en el año 2020 se presentaron 5.127 expedientes de reducción temporal de empleo, de los cuales 4.909 fueron resueltos y 208 desistidos o denegados. De los 4.909 resueltos, 4.901 fueron por suspensión o reducción y 8 por extinción; de los 4.901 por suspensión o reducción, 4.890 fueron derivados por COVID y 11 por otras causas.
Esto ha afectado a 30.001 trabajadores en el caso de los ERTE de suspensión o reducción de jornada, frente a los 32 en 2019, y a 112 trabajadores en el caso de los ERTE por extinción (frente a los 39 afectados en 2019). Del total de los 30.113 trabajadores afectados por estos ERTE, si nos fijamos en el género, en el caso de los expedientes de extinción ha afectado a 71 hombres y 41 mujeres; a 13.217 hombres y 12.482 mujeres en los de suspensión y a 2.722 hombres y 1.580 mujeres en el caso de los de reducción.
Huelgas e infracciones
En el ámbito del seguimiento y coordinación de la declaración de huelgas, en 2020 se convocaron en La Rioja 22, 20 de ellas de carácter nacional y dos regionales, en las que participaron 57 trabajadores.
En la memoria se detalla también la evolución de los procedimientos sancionadores, por infracciones en el orden social iniciados a partir de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en las materias de competencia autonómica. Durante el año 2020 ascendieron a 306 expedientes iniciados frente a los 196 expedientes en 2019. La mayoría de los procedimientos fueron en materia de seguridad y salud (175), seguidas de relaciones laborales (124), obstrucción (5) y empleo (2).
Respecto a la conciliación administrativa previa a la vía judicial, en 2020 se tramitaron 1.391 procedimientos de conciliación por conflictos individuales frente a los 1.768 de 2019 y ninguno por conflicto colectivo frente a los 3 de 2019.
