El Rioja

Igor Fonseca: «Urge llegar a acuerdos para abordar la rentabilidad del viticultor»

Las cartas ya están echadas. Ante la falta de consenso para acordar un procedimiento de renovación, ahora las organizaciones profesionales agrarias se someten a unas elecciones para determinar su representatividad en el órgano del Consejo Regulador de la DOCa Rioja ante la renovación de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja que se producirá en el mes de abril.

Desde ARAG-ASAJA lamentan no haber alcanzado dicho acuerdo, más si cabe cuando hay otras cuestiones de mayor relieve sobre la mesa: «Las circunstancias actuales no son las más adecuadas para concurrir a este procedimiento porque urge sentarnos a negociar las líneas de actuación para abordar la rentabilidad del sector. La experiencia, además, nos demuestra que las cosas van a cambiar poco. La fórmula que propusimos al resto de OPA, basada en un sistema de representatividad equivalente a la media dede los últimos cuatro procesos de renovación, perjudicaba a nuestra propia organización, pero aún así denegaron la propuesta y prefirieron salir a elecciones».

El secretario general de la organización, Igor Fonseca, señala que el proceso electoral se adaptará a la situación actual de pandemia y mantiene las perspectivas «positivas» ante esta renovación. «En otros procesos se solían realizar mítines, congresos y asambleas multitudinarias para trasladar a los simpatizantes los logros alcanzados y las nuevas propuestas. Además, la recogida de acreditaciones también es algo que conlleva ciertos riesgos, pero los encuentros que hemos realizado en diferentes municipios hasta el momento evidencian una buena respuesta por parte de los viticultores», apunta.

ARAG-ASAJA resalta los hitos alcanzados durante los últimos años, señalando como uno de los principales la paralización del crecimiento de la masa vegetal evitando nuevas plantaciones hasta 2045. «Desde 2017 no se ha crecido ni un solo metro cuadrado en la DOCa Rioja y fuimos la única organización agraria que apostó desde el principio por el aplazamiento de la fecha de liberalización de plantaciones pasando de 2030 a 2045 como medida exitosa y sin coste para las arcas comunitarias, mientras que el resto abogaba por otra vía porque no confiaban en que se pudiera revertir este plazo inicial. Y así lo explicamos ante la Comisión Europea», asegura Fonseca.

Las circunstancias actuales de crisis obligan a priorizar la puesta en marcha de fondos extraordinarios que ayuden al sector y actúen sobre las zonas productoras de calidad, «que son las que más han padecido estas consecuencias». Asimismo, la organización agraria apunta a la importancia de mantener una política de promoción fuerte, «gracias a la cual Rioja no ha caído tanto como se esperaba en su nivel de ventas durante 2020».

Por otro lado, Fonseca insiste en la cuestión de «mantener el equilibrio en el potencial productivo porque no puede haber más plantaciones si no hay crecimiento de ventas y del valor de la uva», recordando que «cualquier modificación del sistema de reparto de nuevas plantaciones tendrá que tener el visto bueno de las OPA y amoldarse bien a las características del viticultor riojano».

En cuanto a la rentabilidad del profesional, la organización agraria ya se refirió a su intención de poner en marcha un contrato a medio o largo plazo entre viticultores y bodegas como «instrumento muy conveniente para momentos de crisis como el actual». Además, el secretario general recalca que otro de los intereses de ARAG-ASAJA es «pelear y hacer propuestas para que las bodegas empiecen a diferenciar sustancialmente el valor de las uvas en función de la calidad de las uvas».

En este sentido, destaca la importancia de establecer un precio justo en función de esa calidad del producto: «Ahora dos uvas de calidad muy diferente apenas muestran diferencias en su precio y esa idea se tiene que desterrar porque debe haber una diferencia sustancial en este coste cuando estamos ante un grado de calidad tan opuesto». Asimismo, Fonseca hace hincapié en la intención de defender una actividad enoturística que se sustente en el viñedo, «que el turista conozca la base de su diversidad, el terruño y la calidad».

A pocas semanas de debatirse la decisión en las urnas, ahora es el turno de los viticultores: «Tendrán que hacer balance de los logros, aptitudes y propuestas de cada organización y valorar cuál les aporta mayor confianza. Nosotros, como organización mayoritaria, quizás tenemos el mayor peso sobre las decisiones y acuerdos alcanzados, pero creemos en la clave de fijar acuerdos, algunos mejores que otros, siempre velando por el bien del viticultor y sin propuestas demagógicas que quedan muy bien sobre el papel pero que no tienen nada detrás».

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