Sucesos

El causante del accidente mortal de Ábalos conducía drogado

La Guardia Civil ha investigado a un varón de 24 años y residente País Vasco como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones, por conducir bajo los efectos de las drogas y causar un accidente de tráfico en el que falleció en el acto un varón de 67 años, resultando herida grave la acompañante del fallecido una mujer de 59 años.

Sobre las 17:50 horas del 25 de octubre, a la altura del kilómetro 29 de la carretera LR-124 (término municipal de Ábalo) se produjo un accidente de circulación consistente en la colisión excéntrica entre dos turismos marca Renault Laguna, resultando como consecuencia del mismo una persona fallecida, dos heridos graves y daños materiales de gran consideración en los vehículos implicados.

Al lugar del siniestro se trasladaron agentes del Equipo de Atestados de la Guardia Civil en La Rioja, para llevar a cabo la confección del correspondiente informe técnico mediante un minucioso estudio del lugar del suceso, de los vehículos implicados y de todas las circunstancias que pudieron llevar a tan fatal desenlace.

Conforme al procedimiento establecido, al conductor de uno de los vehículos y presunto causante del siniestro por “adelantamiento antirreglamentario”, le fue obtenida una muestra de fluido oral (prueba de drogas en el organismo) que fue remitida al laboratorio acreditado por la Dirección General de Tráfico, para contrastar el primer resultado indiciario provisional positivo.

Citado laboratorio ha confirmado la presencia de drogas en el organismo de esta persona el día del accidente (positivo en THC), por lo que siguiendo instrucciones impartidas por la Fiscalía de Seguridad Vial, se procedió a su investigación, toma de declaración y puesta a disposición de la Autoridad Judicial, como presunta autora de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La Ley establece de manera clara y precisa “que conducir con presencia de drogas en el organismo está prohibido”, por lo que el investigado se enfrenta a pena de prisión de entre uno a cuatro años.

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