El pasado mes de mayo el Gobierno de La Rioja y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas alcanzaron un acuerdo en el marco del Diálogo Social con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras de cara al retorno progresivo de la actividad económica y productiva de las empresas en La Rioja. Siendo las directrices de actuación también de aplicación en las empresas que han continuado desarrollando su actividad, como las residencias de personas mayores.
Según ha informado este sábado Comisiones Obreras (CCOO), en el seguimiento de este acuerdo “hemos constatado que la actividad en las empresas y centros de trabajo es segura en líneas generales y que se mejora día a día en materia de prevención contra el COVID”. En cambio, también advierte de “zonas de sombra”, especialmente en las residencias de ancianos.
CCOO asegura que “desde el punto de vista laboral los centros de personas mayores están siendo en esta segunda ola las empresas menos seguras, para personas usuarias y trabajadoras”. Esta preocupación “ha sido manifestada recientemente también por la propia Consejería de Asuntos Sociales y Gobernanza Pública, que afirmó que las empresas no están cumpliendo con sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos respecto a sus trabajadores, una circunstancia que la representación de los trabajadores lleva advirtiendo desde hace meses en los distintos centros de trabajo, y que es competencia de Relaciones Laborales”.
El compromiso de la Consejería de Desarrollo Autonómico, y en concreto de la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, es realizar la coordinación operativa con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como con las autoridades sanitarias para cumplir con las pautas y recomendaciones de aplicación, explica el sindicato, que señala que denunciar estos incumplimientos ante Inspección de Trabajo “no resulta operativa en la situación actual, ni eficaz para el objetivo inmediato de proteger la salud de las personas trabajadoras y usuarias frente al COVID”.
En su lugar, CCOO aboga por “establecer actuaciones específicas en las residencias de mayores y aprovechar al máximo los recursos disponibles como los que establece el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública y de prevención de riesgos laborales”.
Por todo ello, el sindicato considera urgente la convocatoria de una reunión con participación de responsables de las consejerías de Desarrollo Autonómico, Asuntos Sociales y Gobernanza Pública, y Salud, junto con las organizaciones que alcanzaron el acuerdo para coordinar actuaciones y trasladarlas a las empresas del sector, para la mejor protección de la salud y la vida de las personas trabajadoras y usuarias.
