La tramitación de la Ley Celaá se ha acelerado nuevamente. Este pasado viernes se votó la ponencia sobre la Ley en la Comisión de Educación del Congreso y el jueves se votará en el Pleno, adelantándose una semana a la fecha prevista, 26 de diciembre.
Todo ello, por dos claras razones:
– Obtener suficiente apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 entre los grupos políticos del arco parlamentario, destacando entre ellos a Bildu y ERC, caracterizados por su “secular amor a nuestro país y a su sistema político y territorial”.
– Sortear las protestas de los sectores más perjudicados por la Ley: enseñanza concertada, educación especial, etc.
El viernes, la Plataforma Más Plurales, en representación de la enseñanza concertada, se concentró por tercera vez a las puertas del Congreso para protestar por la forma precipitada de tramitación de la Ley, por la falta de diálogo y por la nula voluntad de acuerdo por parte del Gobierno y, sobre todo, por los cambios de fondo que dicha norma establecerá en el sistema educativo, que sufrirá un tremendo retroceso en términos:
– De calidad: promoción automática, titulación con suspensos, desaparición de la cultura del esfuerzo, etc.
– De libertad: eliminación de la demanda social en la planificación escolar (limitación de la libertad de elección de centro por parte de las familias), sustitución impropia del “derecho a la educación” por el “derecho a la educación pública”, pues se garantiza solamente con una oferta suficiente de plazas públicas, etc.
– De cohesión territorial: el castellano dejará de ser idioma vehicular de la enseñanza en las CCAA con lengua propia, las CCAA podrán concretar un mayor porcentaje del currículo, la Alta Inspección Educativa se vacía de competencias, los inspectores de educación se podrán elegir a dedo, etc.
– De igualdad: la enseñanza concertada y los centros de educación especial condenados a desaparecer, se reubicará al alumnado por criterios administrativos, la asignatura de Religión quedará relegada, etc.
– De conciliación de la vida familiar y laboral: se elimina como criterio prioritario en la admisión del alumnado pertenecer a familias numerosas, monoparentales o con miembros con discapacidad, etc. Nota: gana fuerza el factor proximidad al domicilio o lugar del trabajo, es decir, gana fuerza la zonificación escolar.
El Proyecto de Ley ya era un engendro, pero en su tramitación parlamentaria en la Comisión de Educación Unidas-Podemos, ERC y Bildu han logrado añadir elementos todavía más dañinos a la norma, convirtiéndola en una herramienta letal contra la concertada, contra la educación especial, contra la cohesión territorial del sistema, contra la cultura del esfuerzo y contra el más mínimo sentido común. Todo ello sin contar con la opinión de los sectores afectados, ni de los docentes y expertos en la materia, demostrando así el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan, que no tienen ninguna intención de alcanzar un Pacto de Estado de Educación que aporte la estabilidad y el sosiego necesarios para mejorarla paso a paso.
Todo esto sería penoso en un contexto normal, pero es mucho más grave en un momento como el que vivimos ahora, asustados por la crisis sanitaria, maniatados por las medidas de confinamiento social adoptadas para evitar la transmisión del virus y la expansión de la Covid19, con la amenaza de una crisis económica y social en ciernes y en el contexto de una grave crisis política en la que hasta las más altas instituciones del Estado están en entredicho, no solo por los grupos políticos de corte republicano o nacionalista, sino por los mismísimos miembros del Gobierno.
La Ley Celaá excede, en la mayoría de sus postulados, los planteamientos tradicionales del PSOE en materia educativa. Esta Ley es un fenómeno ‘Frankestein’, una norma concebida sobre la base de los planteamientos educativos defendidos por Izquierda Unida y por Podemos, que pretenden emplearse como una herramienta de ingeniería social a su medida. A todo lo cual se han añadido las exigencias de los grupos nacionalistas ERC y Bildu que persiguen, bien a las claras, la desvertebración y el debilitamiento del Estado utilizando para ello todas las posibilidades a su alcance, apostando por el uso partidista de la Educación para el cultivo una sociedad a la medida de sus espurios intereses políticos.
Es evidente que la Educación está siendo la moneda de cambio de Sánchez para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado “propios” que puedan afianzarle en el Gobierno, como mínimo, hasta el fin de la legislatura. Es necesario señalar, que cuando digo Sánchez me refiero, no solo al presidente del Gobierno, sino a los miembros y seguidores del “nuevo PSOE”, que, salvo las siglas, nada tiene que ver con el PSOE que gobernó el país en los ochenta y noventa y que puso en marcha con pragmatismo el sistema del concierto educativo, como modo de garantizar y cohonestar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, consagrados ambos preceptos en el artículo 27 de la Constitución Española.
El futuro de un país se construye sobre la base de una sólida educación de sus niños y de sus jóvenes, que serán los ciudadanos de mañana. La Ley Celaá es una amenaza cierta para la Educación y para el futuro de nuestro país. Es una Ley que debería ser rechazada por el Parlamento pues no gusta a amplias bases del PSOE, cuyos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado deberían tomar buena nota de ello y votar con pleno conocimiento de las causas y de las consecuencias que los atropellos que acarrea la Ley nos depararán a todos, si nadie lo remedia ahora o luego.
Las concentraciones de la Plataforma Más Plurales ante el Congreso han querido ser una muestra del rechazo que la Ley produce también entre amplias capas de la ciudadanía y de los miembros de la comunidad educativa (más de un millón y medio de firmas avalan dicho rechazo). Y también quiere ser prólogo de otras acciones de protesta contra la Ley por parte del sector de la enseñanza concertada, contra quien el Ejecutivo parece empeñado en legislar.
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