La novedad e incertidumbre siguen ligadas como fieles compañeras al sector agrícola desde el inicio de la pandemia. Y con ellas, también la continua adaptación. A pesar de ello, el campo no ha interrumpido su labor profesional y justamente por eso demanda unas condiciones que, al menos, aseguren su rentabilidad. “Ha sido un año complicado en todos los sentidos, pero el esfuerzo de cada viticultor se ha visto recompensado en la magnífica calidad de sus uvas. Es hora de que también se les recompense económicamente”.
Así lo manifiesta el presidente de la organización agraria ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, quien reivindica la “enorme profesionalización de los viticultores”. Insiste, por ello, en la importancia de que las bodegas establezcan contratos a medio y largo plazo “para asegurar una estabilidad al productor” y que tanto el Ministerio de Agricultura como el Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) cumplan con la Ley de la cadena Alimentaria.
“El observatorio de precios del Gobierno de La Rioja cifra los costes medios de producción de un kilo de uva en torno a los 60 céntimos, pero con una base de 2019. Este año el gasto en la viña ha sido mucho mayor con la presión de enfermedades fúngicas, por lo que los precios que perciban los viticultores deberían ir en consonancia”, apunta Pérez. Desde ARAG-ASAJA aseguran que tienen constancia de que algunas bodegas han hecho contratos por debajo de esos 60, “pero hay que esperar a que se formalicen los contratos y ver cómo liquidan en las bodegas, aunque estaremos vigilantes”.
Además, ante las dificultades en el mercado del vino sobrevenidas por el COVID-19, el presidente señala que las medidas del PASVE no se han adaptado a lo que la viticultura de Rioja refleja: “La cosecha en verde no se corresponde con las peculiaridades de esta zona, los costes de la destilación de crisis no son rentables aquí y el almacenamiento privado no beneficia a nivel general en esta Denominación. No han estado enfocadas a producciones de calidad que sin lugar a dudas aportan valor añadido y sentimos que el Ministerio ha abandonado a los vinos de Rioja”.
“Lo que se necesitan ahora son medidas reales, con presupuestos ambiciosos”, remarca. El cambio de criterios en el PASVE es “imprescindible” para apoyar a sectores como Rioja, “no destinando todo el dinero a la destilación y el almacenamiento privado y poniendo el foco también en este tipo de Denominaciones”. Pérez también recuerda que el cierre de la hostelería está provocando grandes daños también a la ganadería riojana, más si cabe cuando las navidades se acercan.
Dentro del panorama de crisis, los datos de ventas de vino arrojan, sin embargo, una caída del diez por ciento. “Una cifra mejor de la esperada durante los primeros meses de la pandemia, donde las previsiones no eran nada esperanzadoras. Una cifra positiva, dentro de lo que cabe, a la que podemos agarrarnos”, califica el presidente. Pero las próximas semanas son determinantes y todos miran con “preocupación” la evolución de la situación sanitaria y las consecuentes restricciones.
Por otro lado, la organización agraria ya mostró su aprobación ante el anuncio de la ampliación del control de plantación de viñedos hasta 2040 acordado en la PAC. “Nosotros apostábamos por el 2050, pero valoramos la decisión. En La Rioja se defiende mucho el viñedo y el patrimonio que hay detrás. Es mucho lo que vale aquí la tierra y los derechos de plantación, y ese patrimonio no puede desaparecer de la noche a la mañana porque aquí pueda plantar cualquiera”, considera Pérez.
En última instancia, el presidente del sindicato agrario insiste en la necesidad de apostar por una PAC “sostenible y verde, pero que aplique las mismas normas a los productos que se producen tanto dentro como fuera de Europa para evitar que los productores autóctonos tengan que tirar su género porque no pueden competir con el de terceros países”. Además, “la reducción de los presupuestos en algo más de un diez por ciento no beneficia al cumplimiento de los requisitos sostenibles para acogerse a dichas medidas”.
