La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha visitado la vendimia en viñedos de Arenzana de Abajo para conocer el trabajo realizado por la organización profesional agraria ARAG-ASAJA en la implementación de los protocolos para unas campañas agrarias seguras.
Hita ha estado acompañada por el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y el secretario general de la organización, Igor Fonseca. En la recta final de la vendimia, la consejera ha incidido en la concienciación sobre las medidas de protección individuales y colectivas para finalizar la recogida de la uva con las máximas garantías sanitarias. “Cada gesto es importante. No podemos bajar la guardia. Debemos aplicar las tres ‘emes’: mascarilla, manos y metros”.
En el transcurso de la visita -a la que también han acudido la directora general de Agricultura, María Jesús Miñana, y la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo-, la consejera ha informado de que el Gobierno de La Rioja ha realizado hasta la fecha 1.661 PCR a trabajadores temporales agrarios desplazados y se han detectado 35 positivos, lo que supone un 2 por ciento de positivos del total de PCR realizadas en este colectivo.
Hita ha resaltado que “en estos últimos días de recogida de la uva, se debe mantener el esfuerzo extraordinario que ha realizado el sector agrario en su conjunto para que la vendimia se complete garantizando la salud pública y la continuidad de la actividad económica en la región”. En este sentido, ha subrayado: “No podemos ni debemos descuidarnos, porque la situación epidemiológica general exige nuestra máxima responsabilidad individual y colectiva. Debemos mantener una actitud proactiva y vigilante”.
Bajos precios
El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, ha trasladado a la consejera su preocupación por los bajos precios de la uva de esta vendimia y le ha pedido que “ponga el ojo” en aquellas operaciones de compra que están por debajo de los costes de producción. Ha insistido en solicitar su implicación para cumplir la ley de la Cadena Alimentaria ya que, pese a su modificación, “no está funcionando”.
“No tiene justificación que en pleno siglo XXI algunos de nuestros agricultores vendimien sin que los contratos se formalicen, que otros no conozcan todavía el precio al que se le pagarán las uvas, y que los que lo conocen, hayan tenido que elegir entre dejarlas en el campo o venderlas de forma desleal. Es inasumible”, ha añadido.
Con los costes de producción de la uva tinta y blanca publicados por la Consejería de Agricultura para aportar una referencia para las transacciones comerciales, Hita ha abogado nuevamente por “el equilibrio en la cadena alimentaria para que todos los agentes perciban la contraprestación en precio del valor que aportan” a lo que contribuirá la nueva Ley de la Cadena Alimentaria en tramitación. Esta ley, que traspone la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, “aportará seguridad jurídica para fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos, dotar de mayor transparencia la formación de precios en el conjunto de la cadena y fomentar un reparto justo del valor añadido”.
En este sentido, ha asegurado Hita: “Reivindicar el reparto justo del valor añadido en la cadena alimentaria a través de unos precios justos es una responsabilidad que todos los actores debemos asumir, también las organizaciones profesionales agrarias en la defensa de los intereses de sus asociados como asunto vital que es para la rentabilidad del sector”.
Para Pérez Hoces, “contar con precios de la uva dignos, acordes a la calidad y la situación del mercado, debería ser fundamental para asegurar la salud de la Denominación de Origen Calificada Rioja, algo que lamentablemente no lo está siendo”.
Una razón fundamental, ha añadido, por la que “desde ARAG-ASAJA venimos denunciando que solo sean los agricultores quienes tengan que soportar la mayor parte del peso de la crisis cuando las ventas de Rioja están muy lejos de las caídas que se pronosticaban hace unos meses, las ayudas para vendimia en verde no han funcionado, y en cambio, algunas bodegas han recibido importantes sumas de dinero que deberían haberse condicionado al pago de precios acordes a la calidad de la uva de esta campaña”.
Por este motivo, han propuesto a la Consejería de Agricultura un código de buenas prácticas que permita primar a aquellas bodegas que cumplen con dicho código en las relaciones con sus proveedores, pudiendo ser prioritarias en la concesión de ayudas públicas o ventajas administrativas.
