Las expectativas no eran muy buenas, de ahí que tan solo 106 viticultores riojanos decidieran, finalmente, acogerse a las ayudas otorgadas a la cosecha en verde, y 62 bodegas optasen al almacenamiento privado. Unas medidas de crisis financiadas por los fondos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), muy demandadas por los sindicatos agrarios pero que los operadores no vieron muy atractivas.
Sin embargo, la consejera de Agricultura, Eva Hita, recalca su “satisfacción” por los resultados obtenidos: “En el paquete inicial no se contemplaba la medida de vendimia en verde y peleamos por su inclusión porque era lo que el sector demandaba, aunque luego cada uno es libre de hacer cálculos y ver qué es lo que más le conviene. Luchamos de manera encarecida, dialogamos y lo conseguimos en los términos máximos porque las previsiones eran inferiores a lo que finalmente se obtuvo”.
En concreto, se repartirán 971.131 euros para la cosecha en verde de 272,11 hectáreas de viñedo, “la décima parte del presupuesto estipulado a nivel nacional, lo que evidencia un gran logro”, destaca la consejera. Por su parte, el almacenamiento privado se llevará 5,14 millones de euros de un volumen de 608.563 hectolitros de vino en La Rioja, “lo que supone un tercio de los fondos nacionales destinados a esta medida”.
Otra de las preocupaciones que se sitúa ahora sobre la mesa de los viticultores proveedores de bodegas es el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y, en concreto, los contratos fijados por encima de los costes mínimos de producción.
“Entendemos que la modificación de dicha Ley es un instrumento fundamental que va a reforzar la posición de los productores. Además, es muy importante que se haya incluido el coste de producción como elemento obligatorio en la relaciones contractuales, así como la prohibición de la venta a pérdidas”, señala la consejera.
En este sentido, Hita incide en la necesidad de “aportar la mayor transparencia al mercado agrario, para lo cual La Rioja ha sido la única comunidad autónoma que ha propiciado dicha información incluyendo los costes medios de producción”. Unos precios que han de servir como “orientación para el sector” ya que “a partir de ahí cada viticultor ha de fijar los costes mínimos y será responsabilidad de la bodega el ajustarse a dichos precios porque se trata de relaciones contractuales diferentes para cada caso”.
