La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llevará a los tribunales al consejero de Educación, Luis Cacho, “por vulneración de derechos fundamentales”, al ser excluido de las negociaciones del Plan de Contingencia General 20/21. “Empeora sustancialmente las condiciones de trabajo de los docentes riojanos, aumentando su jornada laboral y responsabilidades de índole sanitario que sobrepasan sus competencias”.
En este sentido, CSIF critica que no se le haya invitado a ninguna reunión para tratar este documento que ahora también es cuestionado por las tres organizaciones sindicales afines que, hasta ahora, han avalado las decisiones del consejero de Educación estampando su firma en el tan cacareado pacto por la Pacto Social por la Reconstrucción Educativa.
UGT ha manifestado su absoluta oposición con respecto a la decisión unilateral anunciada por Cacho de retrasar hasta el 15 de septiembre la fecha de inicio del próximo curso escolar. Este sindicato no comparte la necesidad de aplazar el comienzo de curso a las fechas indicadas, dada la cercanía con los días festivos de San Mateo, contemplando los problemas que pueden derivarse de la finalización del curso en una fecha tan tardía como el día 30 de junio de 2021.
Además, teniendo en cuenta que los alumnos llevan todo un trimestre sin acudir a sus centros, necesitan el retorno a la educación presencial cuanto antes, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Por tanto, exigen una nueva rectificación al consejero y reitera que, de no realizarse, emprenderá de forma inmediata todas aquellas acciones que permitan defender de la mejor manera los derechos de los trabajadores de la enseñanza, del alumnado y del conjunto de la ciudadanía.
El Sindicato STAR tampoco apoya el plan: “No ofrece garantías suficientes para la vuelta a las aulas. Consideramos que es tardío, carente de previsión en cuanto a os escenarios posibles según evolucione la pandemia y sin compromiso real de una dotación de recursos suficiente y adaptada a las necesidades de cada centro”.
“Entendemos que un Plan de Contingencia debe ser la herramienta principal para garantizar el éxito educativo en cada uno de los escenarios previstos – nueva normalidad, semi confinamiento o confinamiento total – sin embargo, por su falta de concreción y desarrollo, este documento no cumple con tal finalidad”, han añadido desde STAR.
ANPE también ha denunciado “la máxima gravedad” e “irresponsabilidad sin precedentes” del proyecto. “Mientras que otras comunidades ya habían elaborado en junio borradores similares y se negociaban en Mesas Sectoriales, la Consejería de Educación de la Rioja ha apurado el tiempo al límite, desoído las repetidas peticiones de Mesa de ANPE e incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) en lo referente a negociación colectiva”.
“Dicho PCG, en lugar de facilitar la gestión de los centros docentes, es un documento plagado de repeticiones, vaguedades, contradicciones, exigencias, propuestas absurdas y disposiciones contrarias a la normativa, además de vulnerar los derechos laborales de los docentes y el de los alumnos a recibir una educación de calidad”, han criticado desde ANPE.
Por último, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja exige al Gobierno de La Rioja que las ayudas frente al COVID sean proporcionales al número de alumnos escolarizados en cada centro, incluidas las de personal.
