“La crónica de un fracaso anunciado”. Así califica ARAG-ASAJA las medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE). “El Ministerio de Agricultura ha destinado gran parte de la partida económica a apoyar a las zonas productoras de vino sin incluir las DOP ni IGP. Es decir, a las bodegas destinadas a la producción a granel y destilación y que menos han sufrido la crisis del COVID-19”, señala el secretario general de la organización, Igor Fonseca.
Entre las peticiones, ASAJA también echa en falta “unos instrumentos de financiación para las bodegas con el fin de que puedan hacer frente al pago de proveedores”, una medida que la organización lleva demandando desde el pasado mes de marzo y que, por ejemplo, el País Vasco ya ha anunciado.
“Todavía desconocemos cuánto se va a llevar La Rioja de los fondos PASVE, pero me temo que no va a ser ni mucho menos proporcional a los efectos que el COVID-19 y el estado de alarma han tenido en el sector”, estima Fonseca. En Rioja, la vendimia en verde y el almacenamiento privado fueron las dos medias que se valoraron entre viticultores y bodegueros, respectivamente. Pero, aunque se haya apreciado más interés por parte de las bodegas, las dudas en cuanto a las condiciones también han frenado su acogida.
Recientemente, la publicación de los costes medios de producción de la uva por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha suscitado revuelo entre el sector vitivinícola. Desde la organización aplauden la actuación después de ser una demanda que llevaban arrastrando las diferentes OPA desde hace tiempo, a pesar de no haber evaluado todos los parámetros para analizar dichos costes.
“Es bueno que se haga con tiempo suficiente al desarrollo de la vendimia para que los diferentes actores puedan establecer sus cuerdos. Pero el problema se encuentra en que esas cifras se han calcula en base a los costes de 2019, una campaña muy diferente a la actual debido a la incidencia meteorológica, donde los hongos han protagonizado la primavera de principio a fin. Los costes, por tanto, se han incrementado notablemente”, apunta Fonseca.
“Ademas, consideramos que no toda la uva ha de valer igual, porque el esfuerzo que está haciendo el viticultor para conseguir una mejora cualitativa en la uva también tiene que figurar en el contrato, ser considerado y pagado por las bodegas”, recalca el secretario general. Para las bodegas más adelantadas que ya hayan fijado esos contratos, “lo adecuado sería reajustar las cifras a estos costes de acuerdo a la Ley de la Cadena Alimentaria y también valorando la calidad”.
El mildiu, “un riesgo indemnizable”
Asimismo, ASAJA mantiene la reclamación de incluir el riesgo fúngico del mildiu dentro de la cobertura del seguro agrario de viña, una petición vigente desde 2018. “Alegan para declinar nuestra petición que se trata de una enfermedad endémica, algo erróneo porque, a excepción del último ataque reciente en 2018, desde 1999 no se recuerda un año como este de tal incidencia del hongo”, apunta el secretario general.
“De nuevo, y por desgracia, este año se ha demostrado que esta modificación es necesaria para los viticultores, ya que actúa como otro factor que incide en la producción, al igual que el granizo”. El mildiu, sin embargo, sí que se considera una cuestión indemnizable en regiones productoras como Castilla y La Mancha, “pero no de Madrid para arriba”.
