Record de duración de un Pleno en Calahorra. Era previsible. Después de tres meses sin celebrarse plenos ordinarios, los puntos eran muchos, las mociones más y los ruegos y preguntas se alargaron más que en otras ocasiones. Al final, casi cinco horas de debate que terminaron con numerosos bostezos y con más de una salida al baño de unos y otros concejales. Los colores de la bandera del orgullo fueron los protagonistas del Pleno. Tres camisetas lo confirmaron desde el principio: las de los concejales Óscar Moreno (IU) y Sergio Castillo y Carmen Vea (PSOE).
Rojo: “¿Por qué sacar un convenio si puede salir gratis?”
Sin duda alguna, fue el punto más rojo ardiente de la sesión. El primer punto que llevó al debate fue la prestación del servicio y el reglamento de funcionamiento del centro de acogida temporal de animales. Incluso varias personas de la asociación ‘Red de Ayuda Animal’ estuvieron presentes en ese punto del orden del día. Y es que, además de muchas otras “chapuzas”, según el edil Óscar Eguizábal, el PP no entendía que “si nos lo pueden hacer gratis por qué hay que pagar por ello. Lo que parece es que hay una intención deliberada de dejar a esta asociación fuera”. La edil Rebeca Sáenz le remitió a la legalidad de hacer un reglamento que cumpla con la Ley de Animales, que de momento está sin aprobar por parte del Parlamento regional. “Usted hizo una chapuza, nosotros nos quedamos con esa chapuza y la hemos intentado mejorar”, le contestaba Sáenz. A la conclusión que sí llegaron todos fue a que las condiciones en las que en este momento se encuentran los animales que se pierden o se abandonan no son las más adecuadas, por eso la alcaldesa Elisa Garrido le aseguró a Cristina Moreno de Ciudadanos que estudiará el ruego de que mientras está a punto la ordenanza los animales puedan utilizar las nuevas instalaciones. Varios grupos se quejaron, aún así de “la falta de transparencia que ha habido en el trámite municipal de este asunto”.
Naranja: “La culpa fue del cha, cha cha”
La cosa es que, cuando quieren, nuestros políticos municipales llegan a acuerdos, como se hizo en dos puntos importantes para la ciudad: la creación del aparcamiento de autocaravanas y la del comedor social. Tuvieron sus más y sus menos, pero el trabajo de negociación de unos y otros se reflejó en la votación final de ambos puntos: unanimidad.
Entre las mociones aprobadas estuvo la de Izquierda Unida, en la que se pedía solicitar al gobierno regional una clara apuesta por la sanidad pública con el refuerzo de la Atención Primaria y del Servicio Riojano de Salud. “Parece mentira que usted se olvide de las reivindicaciones de los trabajadores del Fundación Hospital de Calahorra que le tocan más cerca”, le espetó la edil de VOX, Maite Arnedo. El portavoz de Izquierda Unida recordó “los recortes a la sanidad privada de los gobiernos anteriores”, a lo que Mónica Arceiz contestó: “Esto me recuerda a una canción, usted siempre está con lo mismo: la culpa fue del P-P-P”.
También se aprobó la moción de Ciudadanos a través de una transaccional realizada por el PSOE. La idea inicial era crear un registro de familias monoparentales. Sergio Castillo explicó que ha estudiado con mucho cariño esta mociónm pero no se puede realizar como tal ese registro. “A lo que sí nos comprometemos es a cambiar las ordenanzas para dar más facilidades a las familias monoparentales”. Ciudadanos aceptaba la propuesta. “Hay que tener en cuenta que estas familias son unas de las que peor lo han pasado en esta crisis”, decía Luis Bella de Ciudadanos.
Amarillo: “No con mi dinero”
Las medidas que se tomarán para paliar los daños económicos del COVID-19 estuvieron presente en tres puntos. Uno de la parte resolutiva. Se aprobó una modificación de crédito para crear un fondo de 140.000 euros en un primer plan para ayudar a los negocios que se han visto afectados por la pandemia. De esa cantidad, 100.000 euros llegan de los presupuestos del consistorio y 40.000 euros de dos partidas diferentes: una la aportación que los grupos políticos reciben mensualmente (VOX, IU, CS y PSOE han renunciado a ellas para incluirlas en el Plan) y el PP se ha negado a renunciar a ellas porque cree que el plan es “pobre de solemnidad”, decía Portillo. La otra parte se destina de las cuantías que cada concejal cobra por la asistencia a Plenos comisiones. Como no se han realizado, el montante irá destinado íntegro al plan tal y como se aprobó en el Pleno.
Otra de las mociones que tenía al dinero como protagonista fue la presentada por ciudadanos. Ampliar las reducciones a algunos casos en el impuesto de la plusvalía. “Es injusto que alguien tenga que volver a pagar por algo que ya pagaron sus padres”, venía a resumir Cristina Moreno de Ciudadanos. “Si presenta una reducción progresiva yo le votaré a favor”, le contestaba Oscar Moreno. “En un momento de incertidumbre como es el de ahora no podemos reducir uno de los impuestos que contribuyen a ayudar a las personas que peor lo están pasando, lo que nos pide supondría un recorte de ingresos de 650.000 euros a las arcas municipales”, comentaba la alcaldesa.
Verde: El “plan de las lechugas”
Dos mociones iban en este sentido. Una del PP y otra de VOX en la que se pedían sendos planes específicos para ayudar a los empresarios. Medidas, reducción de tasas… ninguna de las dos fue aprobada. Además el PP pidió que sus dietas pudiesen ser donadas para Cáritas, algo imposible ya que en uno de los puntos anteriores ya se había incluido para llevar a cabo el Plan municipal. “Osea que ustedes pueden decidir a dónde va nuestro dinero”, decía Mónica Arceiz. “Nosotros no, el Pleno que es quien debe decidirlo”, le contesto Esteban Martínez. La edil popular ensalzaba la importancia del trabajo de Caritas terminando su exposición con una frase dilapidaría: “Dediquense a ayudar a los empresarios, autónomos y emprendedores y dejen las subvenciones para las entidades que realizan beneficencia” recordando que Cáritas ha dado estos días “leche de continuación a las familias, que los niños no se alimentan de lechugas”, comentó haciendo referencia al reparto de verduras que se ha hecho entre decenas de familias durante el confinamiento.
Todos los grupos llegaron a la conclusión de que los 140.000 euros son insuficientes para paliar los efectos de la crisis económica que llegará tras la pandemia pero “quiero confiar en que este equipo de gobierno utilizará las partidas que no se ejecuten este año a ampliar este primer plan”, aseguraba el concejal de Izquierda Unida.
Azul: el PP no consiguió que se aprobase ninguna de sus mociones
Entre las que no se aprobaron estuvieron las presentadas por el Partido Popular. En la tercera (tras la del Plan y la de la asignación a Cáritas) se pedía instar al gobierno regional a que no prime a la escuela pública en detrimento de la concertada. Además de muchos datos y de ideas políticas, desde el PSOE se explicó que también se han reducido líneas en la escuela pública con los mismos criterios que la concertada. “Y de esas no se quejan”, decía Esteban Martínez. “Lo que se intenta es corregir errores anteriores y el incremento que durante décadas ha tenido la escuela concertada. Ciudadanos puso un toque sensato al asunto. “Puedo entender la corrección de esos errores de los que usted habla pero ahora que Educación con el tema del COVID pretende que haya los menos alumnos posibles en las aulas no tiene sentido ampliar los ratios”, punto para Luis Bella.
Morado: las banderas se quedan
No se llegó a debatir ni siquiera la moción de urgencia presentada por VOX. La urgencia fue rechazada. La edil Maite Arnedo pedía que se cumpliese la ley que impide mostrar banderas que no sean las institucionales en edificios públicos. Desde el PSOE se aseguró que se cumple la ley e Izquierda Unida tiró de la RAE para definir el concepto de bandera. Al no poderlo llevar como moción de Urgencia, Arnedo insistió en llevarlo como ruego. “Ruego que el ayuntamiento cumpla la ley”. Unas horas antes la justicia lo había dejado claro. El polémico magistrado José Yusty que dirige el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, desestimaba la solicitud de la asociación de Abogados Cristianos para que se procediera a retirar la pancarta con los colores del colectivo LGTBi de la fachada del Ayuntamiento de Alcalá. Decía la resolución judicial que este emblema no es una bandera y que por tanto “no entra en competencia” con las enseñas oficiales.
Fundido a negro
Poco antes de que diesen las doce de la noche, la alcaldesa paraba el Pleno para preguntar a los concejales si continuar con él o trasladar los dos puntos que quedaban a otra jornada. Decidieron continuar y casi una hora más tarde terminaba un Pleno largo de solemnidad entre bostezos que se insinuaron detrás de las mascarillas, algunos llamamiento al orden y las bolsas de Conguitos que había llevado la concejala de VOX. Raudos los concejales salían del Centro Joven… que este martes es día de escuela.
