Después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenara este jueves suspender de manera cautelar la Resolución de la Consejería de Educación respecto a las tres líneas educativas que eliminaba en Alcaste y Escolapias (dos centros concertados), Concha Andreu ha señalado este viernes que respeta todas las decisiones judiciales.
La presidenta del Gobierno de la Rioja ha confirmado que presentarán las alegaciones oportunas argumentando el por qué creen que estas líneas debían ser eliminadas. “Asimismo, este Ejecutivo seguirá trabajando para que el dinero de todos los riojanos esté correctamente invertido, principalmente en los servicios públicos”. Aun así, y tras aportar la documentación necesario los próximos días, “acataremos la decisión sin ningún problema”.
La concertada insiste en el cese de Cacho
Por su parte, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja ha indicado que esta resolución “es un apoyo a las reivindicaciones que venimos realizando desde la firma del acuerdo de gobernabilidad y ante la constante falta de respeto y de diálogo llevado a cabo por el Gobierno regional, y en concreto por el de Educación”, según ha declarado Ana Isabel Preciado, presidenta de Escuelas Católicas de La Rioja y portavoz de la Plataforma.
Además, Carlos Torres, presidente de CONCAPA Rioja ha denunciado que “tras acortar el plazo de solicitud de treinta días a cuatro y más tarde a nueve; de retrasarlo del mes de abril al 3 de junio y después al 18; e informar de la oferta de plazas a menos de 3 horas para comenzar la escolarización, se ha demostrado que dicho proceso es un cúmulo de improvisaciones y despropósitos por parte del consejero de Educación”.
Con el apoyo de este auto, la Plataforma ha insistido en pedir el cese inmediato del consejero Luis Cacho. “Porque durante los meses que lleva al frente de la Consejería ha manipulado datos haciendo una lectura sesgada de los mismos y mintiendo a la opinión pública. Porque no entiende que el diálogo es necesario. Por secuestrar el proceso de escolarización durante más de dos meses. Por crear un conflicto en el sistema educativo riojano inexistente hasta su llegada. Por no preocuparse de los problemas reales que en este momento tiene que acometer de cara al curso que viene. Por haberse olvidado de las decisiones importantes para las familias como la escolarización de sus hijos, las becas de libros, las becas de comedor o el programa de gratuidad, creando así angustia, inseguridad y confusión en las familias. En definitiva, por dedicarse más a cumplir las expectativas ideológicas de su socio de gobierno que a cumplir con sus obligaciones como consejero”, ha manifestado Torres.
La directora de Escolapias, Ana Rosa Alba, ha transmitido el malestar que supuso enterarse por la prensa, antes de que llegara la comunicación a los centros, sobre la decisión del consejero de Educación. “Los centros concertados prestamos un servicio educativo a la sociedad y responden a los desafíos actuales. En el contexto actual, en el que la pandemia ha alterado la actividad docente, no es el momento de aumentar ratios ni de suprimir aulas. La forma de proceder del consejero no ha sido la adecuada”.
Asimismo, Alba ha manifestado que han atravesado momentos difíciles y que “todo ello se podía haber evitado si no se hubieran eliminado aulas antes del proceso de admisiones. Se ha dañado a los centros afectados, se ha generado inseguridad en las familias que deseaban elegirlos, y que tenían dudas por si al final no podían escolarizar a sus hijos. Esto no garantiza la libertad de elección”.
El PP exige certezas en el proceso de escolarizaciones y la oferta educativa
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha exigido a Concha Andreu que, “ante el enésimo capítulo del bochornoso espectáculo protagonizado por el Consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, imponga certezas donde ahora sólo hay desconcierto”.
Garrido ha emplazado a Concha Andreu a “garantizar la libertad de elección de centro en La Rioja, ya sea concertado o público, y se comprometa a que todas las familias tengan acceso a la gratuidad de libros de texto, según la planificación prevista. Debe garantizar este derecho de los padres, amparado por una Ley autonómica, y asegurar que se implanta la medida en 1º y 3º de la ESO”.
Desde el PP exigen a Concha Andreu que empiece desde este preciso momento “a ofrecer soluciones a centros educativos, docentes y padres ante los retos que plantea el próximo curso educativo. Que ofrezca certezas sobre si el curso será presencial o no; cuáles serán la distancia de seguridad y los protocolos sanitarios que marcarán el número de aulas y de docentes; y cómo se afrontarán los retos tecnológicos o aspectos claves como la conciliación”.
Ciudadanos: “Hemos terminado judicializando la Educación”
La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, Belinda León, ha asegurado que desde su partido “ya advertimos lo que iba a pasar en las familias: generar, todavía más si cabe, inseguridad e incertidumbre, y todo ello por mantener el acuerdo con su consejera en la sombra de IU, e intentar disfrazar lo que realmente es un acuerdo ideológico que sólo provoca problemas a nuestra sociedad”.
León ha recordado que Cacho suprimió líneas de colegios de toda la red educativa en apenas unas horas antes de comenzar el proceso. “Una muestra más de que, toma las decisiones y se desdice de las ya acordadas incluso, sin contar con nadie”.
Para Ciudadanos, la gestión de Cacho está basada en la improvisación y bandazos en la toma de decisiones, en el cambio de criterios sin dar explicaciones y todo ejecutado de forma unilateral, sin contar con nadie. “El consejero de Educación ya no tiene ninguna credibilidad”. La diputada ha rechazado también la eliminación para este próximo curso de la gratuidad de los libros de 1º y 3º de la ESO, precisamente, “en un momento en el que las familias más desfavorecidas necesitan apoyo y ayuda”.
