El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado que “la débil defensa de los intereses de esta comunidad por parte del Gobierno que preside Concha Andreu podría provocar la pérdida de alrededor de 19,5 millones de euros con el cambio de criterio en el reparto de fondos estatales destinados a financiar la sanidad de las distintas comunidades autónomas”.
“Andreu carece de la iniciativa necesaria para defender los intereses de los riojanos y una vez más llega tarde a la hora de reivindicar ante el Gobierno central lo que necesita esta comunidad. Concha Andreu va de fracaso en fracaso, de decepción en decepción. La incapacidad para conseguir lo que La Rioja necesita es ya la tónica habitual, porque llueve sobre mojado: el IVA de diciembre de 2017, la financiación de la rehabilitación integral del IES Sagasta o los fondos para el sector vitivinícola que van en dirección contraria”, señala Garrido.
El portavoz opular ha lamentado este lunes que la presidenta del Gobierno de La Rioja “ni tan siquiera muestra la más mínima queja por un cambio de criterio en el reparto que perjudica a su comunidad, como sí han hecho otros presidentes autonómicos, de diferentes signos políticos, como Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón), Miguel Ángel Revilla (Cantabria), Fernando López Miras (Murcia), o Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León)”.
En este sentido, ha recordado que como portavoz del Grupo Popular ya reclamó al Gobierno central a comienzos de marzo financiación extra por parte del Gobierno central para hacer frente al coronavirus. “Dos meses después, conocimos la propuesta de Pedro Sánchez de dotar un fondo de liquidez de 16.000 millones de euros que debería ser distribuido entre todas las comunidades, en función de un reparto que primaba la incidencia del COVID-19 en un 80 por ciento y un 20 por ciento según la población”.
Tras este anuncio, Andreu señalaba lo siguiente: “De esta forma, podremos contar con los fondos necesarios y acordes a nuestra situación sanitaria real, y no a criterios tradicionales como la población. Un apunte que desde el Gobierno central han recibido de forma muy positiva”. El pasado 4 de junio, en la Cámara regional, la presidenta afirmó que “no nos vamos a conformar con el tanto por ciento que nos corresponde por comunidad. Voy a ser muy exigente porque nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás”.
Jesús Ángel Garrido ha explicado que apenas unos días después de estas declaraciones de Andreu, el Ejecutivo central cambió sin ninguna justificación los criterios del reparto de los fondos sanitarios, reduciendo a un 65 % el peso de la incidencia del Covid-19 y el coste de los servicios sanitarios y aumentando a un 35 % el peso del criterio de la población, “un cambio que perjudica seriamente a La Rioja, que pierde cerca de 20 millones de euros, y que choca frontalmente con lo defendido por Andreu”.
“Este domingo se celebró la última Conferencia de Presidentes autonómicos y Concha Andreu mantuvo silencio absoluto sobre el reparto de estos fondos, en una evidente modulación de sus declaraciones para suavizar su fracaso. Una actitud nada parecida a la de otros presidentes autonómicos de su mismo partido”, ha subrayado.
Educación
Por otro lado, Garrido también ha aludido a los 2.000 millones de euros que, dentro de ese paquete de 16.000 millones de euros, el Gobierno Central planea distribuir entras las comunidades autónomas para destinarlo a Educación. Según sus estimaciones, los fondos que le corresponderían a La Rioja rondarían los 13 millones de euros que “deben destinarse a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos”.
“En este sentido, como deben primar la salud pública por encima de todo, deberían destinarse a la contratación de más profesores para reducir el número de alumnos por aula. Por puro sentido común, se debe dejarse sin efecto la resolución de ratios mínimas de Cacho en la escuela concertada cuando el número mínimo supere lo que se aconseje en términos de salud pública”, ha señalado.
Jesús Ángel Garrido ha mostrado su preocupación por la desaparición, sobre la primera propuesta planteada por el Gobierno de Sánchez, de los 1.000 millones de euros destinados a potenciar de manera específica los servicios sociales. “Resulta evidente que los grandes olvidados durante esta crisis del Covid-19 han sido los residentes en centros de mayores, es difícilmente justificable que no cuenten con un fondo propio”.
