La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos en Hormilleja (La Rioja) y una en Fraga (Huesca), por delitos contra los derechos de los trabajadores. En La Rioja han sido detenidos un hombre y una mujer, de 41 y 42 años, naturales de Portugal.
Los detenidos captaban mediante el engaño y abuso de situación de precariedad a ciudadanos de diferentes nacionalidades. Al estar en riesgo de exclusión social, el único fin consistía en explotarlos laboralmente como temporeros en las diferentes campañas agrícolas.
Los investigadores tuvieron conocimiento de la situación de extrema precariedad que estaban pasando personas de 48 y 32 años, naturales de Brasil y Rumanía. Estos residían en el sótano de la vivienda de sus patronos en condiciones precarias e insalubres, sufriendo amenazas y en ocasiones agresiones físicas.
Su situación se agravó desde el inicio del estado de alarma al no poder trabajar ni cobrar salario alguno, teniendo que alimentarse de las sobras de comida que dejaban sus patronos, o las ayudas de vecinos y servicios sociales.
Los detenidos habían captado sus víctimas en Madrid con la falsa promesa de un trabajo digno en La Rioja. Les habían prometido un buen salario, seguro médico, alojamiento y manutención. Más tarde sufrían descuentos desorbitados por el alojamiento y la manutención. En ocasiones, no recibían salario alguno por su trabajo.
Operación Lumea
En Fraga (Huesca), el empresario detenido tenía varias fincas arrendadas. Contrataba personal para la recogida de fruta, aprovechándose de su situación irregular y la necesidad económica de estas personas que se habían desplazado a la localidad en busca de trabajo.
La situación de los contratados era muy vulnerable. Algunos de ellos incluso pernoctaban a la intemperie. Se les ofrecía dinero por trabajar en la campaña de recolección de fruta sin formalizar ningún tipo de contrato.
Llegado el momento de abonarles el salario acordado, el detenido retrasaba el pago. Los empleados, cansados de la situación y no pudiendo subsistir sin ningún ingreso, acababan dejando el trabajo sin cobrar.
El empresario aprovechaba que los propios trabajadores le informaban de que carecían de la documentación necesaria para trabajar en España, lo que hacía poco probable que denunciasen las irregularidades ante las autoridades. Además de obligarles a superar la jornada laboral, no les facilitó ningún tipo de medida de protección frente al COVID-19. Hasta el momento han sido localizadas diez víctimas de este empresario
