El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un paquete de medidas extraordinarias para el sector del vino por valor de 90,5 millones de euros, que recoge actuaciones como la destilación de crisis, las ayudas al almacenamiento privado y la cosecha en verde. Su objetivo es paliar la difícil situación que atraviesa el sector por causa del COVID-19.
Destilación de crisis
La destilación de crisis, para 2 millones de hectolitros, tendrá cupos separados para vinos con Denominación de Origen y resto de vinos. Esta medida está dotada con 65,5 millones de euros, con importes de ayuda de 40 euros por hectolitro en el primer caso y de 30 euros por hectolitro en el segundo.
El importe de la ayuda incluye los costes de suministro y los de destilación del vino, lo que beneficiará tanto a bodegas como a destilerías, con impacto inmediato en los viticultores. Además, para que todas las zonas vinícolas puedan optar a la ayuda, se abonarán suplementos adicionales cuando la distancia a la destilería sea superior a 150 kilómetros. El alcohol obtenido deberá utilizarse en fines industriales y energéticos, nunca de boca o alimentarios.
Almacenamiento privado
Las ayudas al almacenamiento privado, para 2,25 millones de hectolitros, están orientadas exclusivamente a vinos con Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida que, con la recuperación del mercado, retomarán su cotización y ritmo de ventas. Dotada con 15 millones de euros, tendrá a las bodegas como beneficiarias, con un importe de ayuda de 0,027 euros por hectolitro de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, que puede ampliarse hasta los 270 o 360 días en caso de tintos. Los almacenamientos serán en depósito o almacén precintable, salvo para los espumosos que, por su proceso de elaboración, se almacenan en botella.
Cosecha en verde
El paquete de medidas incluye, además, la posibilidad de aplicar, por primera vez en España, la cosecha en verde en aquellas comunidades autónomas que así lo decidan para parcelas amparadas bajo Denominaciones de Origen Protegidas. La medida cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores.
El objetivo de las medidas es tratar de paliar la difícil situación que atraviesa el sector vitivinícola por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, agravada con anterioridad por el cierre y actualmente por las limitaciones al canal HORECA, salida principal de muchos vinos.
Regulación del mercado
Estas medidas de apoyo al sector y a su equilibrio de mercado van acompañadas de medidas de regulación del mercado, como limitaciones de rendimientos máximos de uva por hectárea y de un posible incremento del volumen de alcohol exigido en los subproductos resultantes de la elaboración del vino, en caso de que la situación del mercado en cada campaña así lo recomendase.
Así, se consolida el apoyo a un sector que, antes de esta crisis, estaba afectado por las medidas arancelarias del Gobierno estadounidense en relación a ciertos productos agroalimentarios, entre ellos el vino. Estas medidas se adoptan de urgencia, dadas las posibilidades que ofrecen los reglamentos comunitarios publicados con motivo de la pandemia y que responden a muchas de las peticiones realizadas por España.
Con estos apoyos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respalda a un sector fundamental para la economía agraria española cuyo valor de producción supera los 1.200 millones de euros anuales y que constituye más del 4 por ciento de la producción vegetal.
