La Rioja

Los ayuntamientos exigen al Gobierno poder usar sus ahorros para paliar la crisis

El Covid-19 ha destapado una “una vieja pelea” de los municipios que ahora se recrudece con la crisis sanitaria, económica y social que inunda el país. Allá por 2012, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prohibía la utilización de los fondos ahorrados por los ayuntamientos en las entidades bancarias, conocidos como remanentes de tesorería, así como la limitación del superávit. El resultado: treinta mil millones de euros acumulados en esos remanentes de los más de 8.000 municipios de España.

Ahora los consistorios reclaman poder hacer uso de esos fondos propios para paliar la emergencia sanitaria y ayudar a la reactivación económica de sus municipios. “Son recursos ahorrados a base del esfuerzo de los ayuntamientos y queremos poder usarlos como tal, porque tener que pedir permiso parece, cuanto menos, un abuso por parte del Gobierno de España”. Así de tajante se muestra el alcalde de Arnedo, Javier García.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya han manifestado su demanda al Estado, aunque sin obtener respuesta alguna. “Esa ley de 2012 es un atentado contra la autoridad municipal. Estamos frente a un ahogo financiero porque, a pesar de que Arnedo tiene la mejor situación económico-financiera de toda su historia y cumple con todos los requisitos fiscales, los presupuestos ordinarios de cada año son muy escasos para realizar inversiones. Y menos vamos a dejar de ingresar con esa crisis”, destaca el alcalde.

García apunta que el consistorio arnedano ha invertido en un solo mes de cuarentena lo mismo que durante todo el ejercicio 2019 en materia de emergencia social: “Solo queremos que cambie la Ley para poder invertir el cien por cien del superávit del ejercicio anterior y parte de los remanentes líquidos de tesorería”. En este último caso, el primer edil estima un gasto anual de 12,5 por ciento durante tres años para consumir cerca de la mitad de los ahorros que están en el banco. Un gasto, eso sí, “que se controle y justifique para evitar caprichos”.

La FEMP también ha expuesto otras peticiones ante el Ministerio de Hacienda, como es que se revise el techo competencial y se otorgue a los Ayuntamientos la potestad para gestionar las ayudas directas a los comercios, hostelería y familias, una competencia que pertenece a las Comunidades Autónomas. Además, para aquellos consistorios cuya situación económica no es tan buena y carecen de recursos, la Federación propone un fondo de liquidez para que también ellos puedan ayudar a sus vecinos.

Emergencia social, comercios y obra pública

El alcalde de Arnedo ya tiene claro a qué destinar esas partidas presupuestarias con los fondos del superávit y los ahorros del banco. “Primero, nos centraríamos en paliar la situación de emergencia social con políticas activas sociales, dotando fondos a las partidas de ayuda y comida a domicilio, así como a los convenios suscritos con entidades sociales para incrementar su actividad. Después, en las ayudas directas a autónomos, comercios y hostelería, destinando una partida de unos 150 mil euros a aquellos negocios que han permanecido cerrados durante el Estado de Alarma”.

La obra pública vendría después. García considera que en un tercer punto se ubicarían las “inversiones financieramente sostenibles”, es decir, las que no generan un gasto añadido, como pueden ser la mejora de infraestructuras o redes de saneamiento, así como el alumbrado con tecnología led. “Una forma de generar riqueza y empleo en sectores afectados por la crisis como la construcción”, señala el alcalde.

La apuesta por una “ciudad verde y más peatonal que luche contra la emergencia climática” es uno de los principales objetivos del consistorio. Por el momento, ya tiene varios proyectos sobre la mesa aprobados pendientes de licitación, como es la mejora de los núcleos industriales de Arnedo con carriles bici para conectarlo con el núcleo urbano, además de la mejora de algunas calles e infraestructuras. Un paquete de medidas que solo buscan “fomentar esa reactivación económica de los municipios frente a la resistencia del Gobierno central por abrir la mano y ceder».

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