La Rioja

Arranca el juicio contra el exconsejero Muñoz: tráfico de influencias, estafa y blanqueo

Arranca el juicio contra el exconsejero Juan José Muñoz: tráfico de influencias, estafa y blanqueo

Foto: RTVE

Cinco años y nueves meses de cárcel, además de 6 millones de multa. Es la pena que la Fiscalía pide a el exconsejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja (1997-2011) Juan José Muñoz por presuntos delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales. A partir de este lunes, la Audiencia Provincial de Logroño va a juzgar a Muñoz en un proceso que tiene previsto prolongarse hasta el próximo 3 de marzo.

Junto al exconsejero, se van a sentar su esposa y un socio de éste en el banquillo de los acusados. Para ellos se piden penas de cuatro y cinco años de cárcel, respectivamente, por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Además, hay otros dos acusados de estafa, para los que el Fiscal pide tres y dos años de prisión. La Fiscalía también pide a todos los acusados y a empresas implicadas en la trama una indemnización superior a los dos millones de euros para indemnizar a los perjudicados.

Todo empezó en el año 2007 cuando, según relata el Fiscal, Muñoz «decidió» y «tuteló» la creación de Empresa Fotovoltaica Riojana, Emfrisa, con el objetivo de construir una instalación de gran magnitud de producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico, situada en el municipio riojano de Torremontalbo.

La finalidad de esta iniciativa era que la propia planta se beneficiaría del régimen retributivo que incentivaba la generación de electricidad de fuentes renovables. Su elevada rentabilidad propiciaría la venta de la instalación a terceros, españoles o extranjeros, por veinticinco millones de euros. Para esta operación, dada las incompatibilidades con su cargo, Muñoz contactó con el empresario acusado -con diversos antecedentes por estafa- y también utilizó «como persona interpuesta» a su esposa.

La Fiscalía recalca cómo el entonces consejero no solo dirigió esta operación a través de los otros acusados sino que cuando surgieron imprevistos fue él el que intervino ante las autoridades municipales y autonómicas para eliminar los impedimentos administrativos de la actividad.

Muñoz y sus socios, de forma paralela a la tramitación, contactaron con otra empresa catalana para que favoreciera la venta de la planta por los citados veinticinco millones de euros a otros inversores. Esta empresa abonó 800.000 euros, ocultados por el exconsejero, y contactó con unos inversores alemanes que no compraron el parque solar en el último momento por los problemas administrativos que vieron en él.

Fue una empresa de capital asiático la que compró las instalaciones por veintitrés millones de euros para venderlas en 2011 por menos de 500.000. El parque solar llegó a funcionar y vendió energía hasta 2010 por valor de 6,4 millones de euros con una compensación superior a la que le correspondía legalmente, ya que se acogía a una «prima» superior a la vigente. «En veinticinco años ese sobreprecio abonado por Iberdrola hubiese supuesto más de 22 millones de euros», explica el Fiscal.

El fiscal concluye su escrito elevando la solicitud de «deducir testimonio» en otras personas que intervinieron en los hechos por posibles delitos, desde el director general de Industria y un jefe de servicio, a técnicos de las obras e, incluso, responsables de Iberdrola.

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