El Sindicato de Trabajadores de la Administración riojana (STAR) se ha manifestado en relación a la actualidad en lo que al “pin parental” se refiere, poniendo en valor la labor y competencia de los centros educativos y su profesorado a la hora de realizar los proyectos educativos y la programación estipulada en cada centro de educación público, “quienes actúan en consecuencia con la responsabilidad de velar por la protección del menor y de ofrecer una educación basada en el respeto y la libertad”.
Según STRAR son varias las cuestiones relevantes que giran en torno a esta medida, todas ellas de gran relevancia y que suman argumentos más que suficientes para rechazarla.
Por un lado, está el interés superior del menor, el cual, y así lo ordena la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, debe ser considerado primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan.
“Vemos, además, que nuestra propia Constitución establece la educación como un derecho, al mismo tiempo que reconoce la libertad de enseñanza y la educación para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
De ambas fuentes jurídicas se desprende entonces que prima sobre cualquier otra cuestión el interés superior del menor y su derecho a recibir una educación que le permita su pleno desarrollo como persona.
Otra cuestión es la competencia que tienen los centros educativos a la hora de tomar decisiones curriculares. Es decir, “los centros educativos son competentes para decidir su proyecto educativo, el cual se encuentra debidamente supervisado y controlado a través de diferentes mecanismos. Además, las actividades complementarias incluidas en la programación anual que se desarrollan en horario lectivo son de carácter obligatorio”.
Por otro lado, “el personal docente tiene la responsabilidad de ofrecer a sus alumnas y alumnos una educación en libertad basada en el respeto y la tolerancia, responsabilidad que es asumida y llevada a cabo en nuestro sistema educativo. No se puede permitir que se ponga en tela de juicio la profesionalidad del profesorado”.
STAR considera que el veto parental es “un ataque al derecho a la educación, a nuestro sistema educativo y a la labor y profesionalidad del personal docente, que vela de manera responsable por ofrecer en los centros educativos una educación basada en el respeto, la libertad, la tolerancia, la igualdad y la convivencia”
