El Partido Popular ha denunciado este viernes que, con el PSOE al frente del Gobierno central, el presente del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero es “el cierre de facto, el abandono de la actividad formativa y los recortes en un recurso muy importante para el empleo”.
“El centro de Lardero es uno de los recursos más importantes que las personas con discapacidad tienen para recibir formación y capacitación para obtener el empleo”, ha indicado Cuca Gamarra, asegurando que el arranque del año ha venido marcado por los recortes en el centro, dependiente del Imserso.
El PP ha indicado que el centro tiene en la actualidad 85 plazas para internos y otras veinte plazas de día. “Los 14 profesores que venían desarrollando actividades formativas ya no trabajan en el centro y la ausencia general de actividad, porque hay numerosos contratos de servicios pendientes de licitación, provoca que durante esta semana hayan acudido no más de diez usuarios al centro”, ha apuntado Gamarra.
Ante esta situación de ausencia de actividad, ha reclamado explicaciones a la Delegación del Gobierno en La Rioja y al PSOE sobre sus planes de futuro para el centro, ya que “a día de hoy no está licitado ninguno de los contratos necesarios para que el CRMF funcione con normalidad; los profesores no trabajan y los usuarios no acuden a recibir formación”.
En consecuencia, en defensa de los derechos de los usuarios y trabajadores, Gamarra y Javier Merino han registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para conocer qué futuro y qué intenciones tiene el Imserso sobre este centro, si va a licitar los contratos, va a cubrir las plazas vacantes, si ha informado a los trabajadores de su situación o si tiene pensado exigir responsabilidades a la Delegación de Gobierno en La Rioja por su inacción ante “unos hechos tan graves”.
Merino, por su parte, ha recordado que el centro desarrollaba la actividad formativa a través de la contratación de empresas privadas y “cuenta con un reconocido prestigio a nivel nacional”. A su juicio, la responsabilidad sobre la no licitación de estos servicios formativos está compartida entre el delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez, y la directora del centro, Elena Rodríguez Cabrerizo.
“Los usuarios recibieron en mitad de las fiestas de Navidad un mensaje diciendo que el centro, por problemas de administración y gestión, iría comenzando más tarde su labor. Hoy es 17 de enero y nos tememos que esta situación, dada la falta de información y el oscurantismo, va a seguir así un tiempo”, ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que “no hay servicio de alimentación y tampoco, desde noviembre, el de vigilancia del edificio. Entendemos que es el paso previo al cierre del centro planeado por Sánchez y su Vicepresidente Iglesias, lo que supondría un ataque a los derechos sociales en La Rioja”.
