La Rioja

UGT denuncia el riesgo de las ambulancias en la ‘zona cero’ de la LR-113

UGT ha denunciado este jueves las decisiones adoptadas por los responsables de Ferrovial Servicios, para dar respuesta a las posibles atenciones sanitarias en la zona afectada por el desprendimiento de la carretera LR-113, en la que murió un trabajador recientemente.

«En primer lugar, han dejado en el Centro de Salud de Nájera un vehículo A-1, de los llamados convencionales, destinadas al transporte de pacientes en camilla», indica el sindicato, señalando que «estos vehículos no son de urgencias (los únicos vehículos de urgencias son los B y C)». «El resto (Soportes Vitales Básicas y Avanzadas, SVB o SVA) son vehículos que de ninguna forma deberían estar incluidos en el pliego licitado en el año 2016 para realizar urgencias, y al incluirlos incumplieron la Ley», añade UGT.

El sindicato también denuncia la «incompetencia» de los responsables de la empresa, que «han ordenado verbalmente que en el momento que surja un aviso en la zona donde no se pueda acceder por carretera, se desmonte el material de la SVB de Nájera y se traslade al vehículo A-1 para realizar la asistencia». «Los trabajadores en ningún caso saben el material que pueden necesitar hasta que no conocen la situación. Además, es muy grave mandar llevar material en un vehículo en el que no se puede fijar ni estabilizar, con el consiguiente riesgo para usuarios y técnicos, e incumpliendo una norma básica de seguridad vial», explica.

La formación sindical considera otra «grave irresponsabilidad» que se envíe a los trabajadores a acceder en esos vehículos a las pistas forestales. «Los vehículos A-1 no tienen tracción y en invierno es demencial plantearlo. El problema se agrava porque con la connivencia del anterior Gobierno de La Rioja los vehículos SVB tampoco tienen tracción, como tenían los vehículos con las anteriores concesionarias».

UGT apunta que «no es la primera vez que se utilizan estas formas unilaterales, sin anuncio, consenso ni ningún tipo de información», por lo que entiende que «se debe responsabilizar a la empresa de estas medidas que ponen en riesgo a usuarios y a trabajadores».

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