TRIBUNA

Tribuna: ‘La educación pública como única garante de la igualdad de oportunidades’

[Por Henar Moreno, portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja]

En las últimas semanas hemos asistido en La Rioja a toda una serie de declaraciones y ataques por parte de la patronal de los centros educativos católicos y los partidos de la derecha hacia Izquierda Unida y el Gobierno de La Rioja por haber eliminado la subvención pública anual de 500 euros que cada familia recibía por escolarizar a sus hijos en el Bachillerato de los centros privados, el llamado Cheque-Bachillerato, establecido por el anterior gobierno del PP.

Por ello, pasados unos días, ha llegado el momento de alzar la voz y, en nombre de Izquierda Unida, responder y defender lo que va a ser una de las banderas de IU durante los próximos cuatro años en La Rioja, la apuesta clara por un educación pública, gratuita, laica y de calidad para todos como mejor garantía para una sociedad más justa e igualitaria.

Porque en una sociedad capitalista como en la que desgraciadamente vivimos, con unas desigualdades económicas y sociales cada vez más acentuadas y sangrantes, la escuela y la educación es uno de los pocos instrumentos que nos quedan para tratar de incidir en la igualdad de oportunidades y que los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan tener en un futuro las mismas posibilidades que los hijos de las clases dominantes y las élites económicas.

La educación debiera ser una prioridad a la hora de llevar a cabo unas políticas de mayor justicia social, como mejor herramienta para reducir las diferencias de clase. Pero, para ello, es necesario apostar, no sólo por un incremento de los presupuestos educativos, sino también por avanzar hacia una única red educativa pública que sea un reflejo real de la sociedad y en la que todos tengan las mismas oportunidades.

Esta importancia de la escuela y la educación públicas como elemento de igualación de las diferencias de clase lo entendió siempre la derecha política, económica y religiosa de nuestro país, desde que se empezó a universalizar el derecho a la educación. Por eso, siempre ha defendido con uñas y dientes la existencia de colegios privados y religiosos, como transmisores de sus valores ideológicos y para el mantenimiento de una doble red educativa que permita perpetuar las diferencias de clase: Colegios privados para la minoría económica dominante y colegios públicos para la mayoría trabajadora. Por eso también, tras el golpe de julio de 1936, persiguió con especial saña y violencia el ingente esfuerzo realizado por la República para llevar la educación al último rincón de España y acabar con los privilegios y la presencia de la Iglesia en la educación, con miles de maestros republicanos represaliados y asesinados.

Así, según el último informe PISA, cerca de un 30% de los alumnos de la escuela pública forman parte del sector más desfavorecido de la sociedad (20% de familias con menores ingresos), mientras que sólo un 10% se sitúa dentro del 20% de familias con mayores ingresos. En el caso de los colegios privados y concertados, los porcentajes se invierten: Menos del 10% de los alumnos son de familias con bajos niveles de renta, mientras que más del 50% de su alumnado se corresponde con las familias de mayores recursos.

Esta realidad se ve agravada por una anomalía establecida en España desde los gobiernos de Felipe González, nuestro modelo de conciertos educativos. España es el tercer país de Europa en peso de los centros privados concertados, sólo superada por Malta y Bélgica. De esta forma, somos todos los ciudadanos los que pagamos con el dinero público la educación de una minoría en centros privados, básicamente religiosos. Esto hace que frente a una media en la Unión Europea de cerca del 90% del alumnado escolarizado en centros públicos, en España la cifra de estudiantes de la red pública sea sólo de un 67%.

Durante los últimos años, los distintos gobiernos han ido favoreciendo a la escuela privada concertada frente a la pública, de forma que entre 2007 y 2017, la financiación de la educación concertada se ha incrementado en un 25%, mientras se estancaba la financiación de la educación pública, subiendo sólo un 1,4%. Esta situación se agrava aún más en La Rioja, que es una de las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de financiación de la privada concertada frente a la pública.

La política educativa durante los 24 años de gobiernos del PP en La Rioja se ha caracterizado por el apoyo a la escuela privada concertada, con la concesión de nuevas líneas educativas, ratios más bajos, ayudas para la construcción de nuevos centros privados o incluso la subvención del Cheque-Bachillerato, mientras se cerraban líneas públicas, se ampliaban sus ratios y se recortaba en la educación pública.

Por eso, desde Izquierda Unida entendemos que ha llegado el momento de que el nuevo gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria de izquierdas de un giro en sus políticas y empiece a apostar de verdad por la escuela pública como auténtico eje vertebrador de la educación en nuestra región. La supresión del Cheque-Bachillerato, una ayuda injustificada a quienes escolarizan a sus hijos en centros privados en una etapa ya no obligatoria de la educación, ha sido una exigencia de IU al gobierno incluida en el acuerdo programático de gobernabilidad firmado con el PSOE. Además, plantearemos que este ahorro se destine a la reducción de las tasas del examen de la EBAU que pagan todos los alumnos de Bachillerato y que en La Rioja es de las más elevadas de toda España.

Izquierda Unida va a seguir profundizando durante toda la legislatura en esta línea de defensa de la educación pública y exigiendo el cumplimiento del acuerdo firmado con el PSOE en materia educativa: Incremento significativo de los presupuestos destinados a Educación, Ventanilla única de escolarización para evitar la selección del alumnado por parte de los centros privados concertados, control de los centros concertados para evitar el pago de “aportaciones voluntarias” que también buscan la selección del alumnado, eliminación del concierto para aquellos centros que segreguen por sexo o no cumplan con la función social para la que fueron creados, supresión de líneas educativas en los centros concertados cuando sea necesario para el mantenimiento de las líneas públicas, etc.

Y todo este cambio en materia educativa que vamos a defender por la importancia que desde IU le damos a la educación para el futuro de una sociedad más justa y solidaria, lo vamos a intentar llevar a cabo en el marco de la actual legalidad. Ha llegado el momento de explicarles a la patronal de los centros católicos y los partidos de la derecha que la Constitución española y su artículo 27 que recoge la “libertad de enseñanza” sólo reconoce la posibilidad de creación de centros educativos privados de acuerdo con la normativa estatal, pero en ningún caso establece que las familias deban recibir una ayuda por elegir esa enseñanza ni que ésta deba ser financiada con fondos públicos.

En democracia, las políticas se debaten y deciden por los representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía y desde Izquierda Unida vamos a seguir trabajando en la calle y en las instituciones para seguir avanzando hacia una educación pública, gratuita, laica y de calidad para todos como mejor instrumento para crear ciudadanos libres y críticos en una sociedad justa y solidaria. Como decía José Martí, ser cultos para ser libres.

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