La Rioja

El Gobierno ‘corrige’ la Renta de Ciudadanía: 263 familias ‘libran’ de pagar

El Gobierno de La Rioja ha detallado este sábado que 263 personas vulnerables, titulares de la Renta de Ciudadanía, no tendrán que devolver más de medio millón de euros (533.437,64 euros) a la Administración por la «nefasta» gestión del anterior gobierno del Partido Popular. «Una solución que va a evitar a estas familias tener que abonar una media de 2.000 euros cada una», explica el Ejecutivo.

La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, recuerda que «la gestión de la Renta de Ciudadanía por parte del gobierno del PP fue un despropósito desde el principio porque no se establecieron los mecanismos adecuados para dar los pasos administrativos necesarios con seguridad jurídica, no se efectuaron los refuerzos de personal para agilizar la tramitación, y la coordinación con empleo y la información a los profesionales fue nula».

En estos tres primeros meses del nuevo Gobierno «hemos sido capaces de encontrar la solución legislativa a este grave problema y evitar así el descalabro económico de estas familias». A través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2020, Servicios Sociales modificará la Ley de Renta de Ciudadanía para ajustar a derecho «el grave error cometido por el anterior gobierno del PP por la falta de previsión en la tramitación administrativa inicial de la Renta de Ciudadanía».

«La historia de una pésima y escandalosa gestión»

Con la entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía (septiembre de 2017) se produjo la extinción de las anteriores prestaciones de inserción social IMI (Ingreso Mínimo de Inserción) y AIS (Ayudas de Inclusión Social). De esta forma, los titulares de estas últimas pasaron a ser perceptores de la Renta de Ciudadanía y se les asignó la cuantía básica, 430,27 euros.

En el plazo máximo de un año, el anterior gobierno de Ceniceros debía revisar los expedientes y actualizar las cuantías de la Renta de Ciudadanía que le correspondían a cada uno de los perceptores en función del número de miembros de la unidad de convivencia y los ingresos porque, la Renta de Ciudadanía, es un complemento económico.

Esto, explica Ana Santos, «implicaba la necesidad de efectuar una revisión individual de cada uno de esos expedientes migrados del IMI y del AIS a la Renta de Ciudadanía en función de sus circunstancias familiares y económicas para, determinar así, la cuantía exacta que les correspondía a cada uno».

Sin embargo, el anterior Ejecutivo «optó por dar respuesta a las nuevas solicitudes de Renta de Ciudadanía y pospuso la revisión de estos expedientes migrados del IMI y de la AIS a la Renta de Ciudadanía». Finalizado el plazo de un año que contemplaba la Ley, «no se había efectuado tal revisión, y entre el total de expedientes que había que revisar, a 263 se les tenía que reducir la cuantía, es decir, 263 personas habían cobrado, de forma involuntaria, una cuantía superior por la inacción del gobierno del Partido Popular».

Cuando finalmente la Dirección General de Servicios Sociales revisó los expedientes, «con más de un año de retraso respecto a lo que marca la Ley, sí que se reduce el importe de la cuantía a estas 263 unidades familiares, pero no se inicia la liquidación de las cantidades abonadas en exceso por parte del gobierno del PP y cobradas de forma involuntaria por los titulares de la Renta de Ciudadanía». Esta «mala gestión, falta de planificación e inacción del gobierno del Partido Popular tiene consecuencias gravísimas para estas personas que, en principio, deberían devolver una medida de 2.000 euros cada una, personas vulnerables a los que esta devolución ocasionaría un grave descalabro para su economía familiar y una cantidad a la que difícilmente podrían hacer frente».

Modificación de la Ley de Renta de Ciudadanía

En estos tres primeros meses, «hemos sido capaces de encontrar una solución ajustada a derecho a este grave problema». Así, modificaremos la Ley de Renta de Ciudadanía a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2020, que se aprobará en el Parlamento de La Rioja, para que «263 familias riojanas vulnerables no tengan que pagar los platos rotos por la mala gestión del anterior gobierno del PP».

Y es que, recuerda Santos, «la Renta de Ciudadanía ha sido, desde el principio, un asunto prioritario para esta Consejería”. Hemos hecho un esfuerzo titánico, recuerda, “para poder hacer frente al agujero presupuestario que nos dejó el gobierno del PP y pagar las nóminas de octubre, noviembre y diciembre por un importe cercano a los 3,5 millones de euros».

El Gobierno del PP presupuestó la Ley de la Renta de Ciudadanía 5,5 millones por debajo de la realidad. De hecho, «en junio de este año ya se había gastado prácticamente el 100 por ciento del presupuesto y en julio ya se tuvo que hacer una modificación presupuestaria por más de 358.000 euros». Modificaciones, matiza, que han sido necesarias desde el mes agosto, lo que significa que durante cinco meses se ha tenido que sacar dinero de otras partidas de la Consejería para pagar la Renta de Ciudadanía”.

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