Ya se conocen los datos del VIII Informe FOESSA, una iniciativa llevada a cabo por varios sociólogos y coordinado por Guillermo Fernández, cuyo objetivo es dibujar el panorama actual de la exclusión y el desarrollo social en España. Según palabras de Fernández “es un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la post crisis”.
Este informe, además de presentar la situación del país describe cómo se encuentra concretamente cada comunidad. Según los últimos datos, La Rioja es definida como “una región poco dinámica desde el punto de vista demográfico, pero con niveles más elevados de renta por habitante que el conjunto de España, tasas más reducidas de desempleo, pobreza monetaria y desigualdad de renta y un gasto social similar a la media española”.
Las cifras son claras. La Rioja cuenta con un 11,3 por ciento de la población en situación de exclusión social, lo que implica que alrededor de una de cada diez personas –en torno a 36.000 personas– está en riesgo de exclusión, ya sea moderado o severo.
Dentro de este grupo se encuentra un colectivo especialmente vulnerable. Unas 13.000 personas, el 4,1 por ciento de la sociedad riojana, viven en condiciones extremas. “Son las personas y los hogares sobre las que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: la vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos”.
Según ha explicado el experto, La Rioja presenta la cifra de exclusión social más baja de España, pero esta exclusión es más grave. “Además, dentro de la sociedad integrada se está produciendo una quiebra por su base y hay un grupo de unas 47.000 personas que, pese a estar en el espacio de la integración, se encuentran en una situación de inseguridad debido a que su colchón de resistencia es débil, y serán los primeros en incorporarse al espacio de la exclusión si se produce una desaceleración de la economía. Este grupo de personas y hogares es proporcionalmente mayor al del conjunto de España: representan el 14,9% de la población”, ha detallado.
Perfil de las personas afectadas
Pese a la mayor tasa de exclusión entre los jóvenes dada la estructura etaria de la población de La Rioja, el 38,9 por ciento de los hogares en situación de exclusión tiene como persona sustentadora principal a alguien de entre 45 y 64 años, el 63,1 por ciento a un varón, el 34,2 por ciento a una persona sin estudios o con estudios incompletos, el 36,9 por ciento a una persona ocupada y el 76,2 a una persona de nacionalidad española. El perfil de la ex- clusión en La Rioja, por tanto, está mayoritariamente compuesto por hogares cuyas personas sustentadoras son adultas/mayores, varones, con nivel educativo bajo, y de nacionalidad española.
Además, “el mayor riesgo de personas que caminan hacia la exclusión se concentra en los hogares donde el sustentador principal es menor de 30 años o es mujer o es inmigrante de fuera de la Unión Europea. También si se es familia numerosa o monoparental”, ha aseverado el sociólogo.
Factores de exclusión
La desigualdad puede verse más allá de las distancias entre los ciudadanos según su riqueza económica. Existen otras dimensiones de la vida cotidiana también muy relevantes como la vivienda, la salud, la educación, la capacidad de las familias para hacer frente a problemas, etc. En este sentido, hay dos bloques de riesgo: el empleo y la vivienda.
“La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad: un 6,2 por ciento de la población vive en hogares sin personas ocupadas, ni pensionistas contributivos, ni con prestaciones contributivas de desempleo; el 7,9 por ciento de las personas que trabajan son trabajadores pobres. El 36,9 por ciento de los hogares que se encuentran en exclusión, la persona sustentadora principal se encuentra trabajando. Exclusión social y trabajo son cada vez más compatibles”, ha precisado Fernández.
Por otro lado, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas personas. “Hay 16.000 personas en La Rioja residiendo en viviendas con situaciones de insalubridad y 9.000 personas en viviendas con deficiencias graves en la construcción. Además, 28.000 personas presentan deudas de suministros, pagos de alquiler o hipoteca, o bien una vez pagados se quedan bajo el umbral de la pobreza severa.
Asimismo, 3.000 hogares, lo que supone aproximadamente 9.700 personas, viven en situación de inseguridad (temporalmente sin contrato de arrendamiento, bajo la amenaza de la violencia o con notificación de desahucio, entre otros); y 6.200 hogares, unas 21.000 personas, viven en una vivienda inadecuada (un espacio que no reúne condiciones adecuadas para la habitabilidad, con hacinamiento, sin acceso a suministros, etc.)”.
