El Consejo de Gobierno ha rechazado, en su reunión de este lunes, la toma en consideración de la proposición de ley de participación y colaboración ciudadana, presentada por el grupo parlamentario popular para su tramitación en la Cámara regional, debido a que “el texto carece de mecanismos de control, ejecución y régimen sancionador que garanticen su cumplimiento efectivo”, tal y como ha señalado Chus Del Río, portavoz del Gobierno de La Rioja.
El informe de la consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos asegura que se trata de una propuesta que “no solo no es participativa, sino que tampoco está elaborada con la colaboración de la ciudadanía, con lo que no se cumple el objetivo de aumentar la participación ciudadana en La Rioja”.
El Gobierno de La Rioja considera que esta proposición de ley es la misma ley elaborada por el anterior Ejecutivo regional del PP y “peca de ambigüedad, dando lugar a numerosos vacíos legislativos en los procedimientos y procesos de participación ciudadana, no impulsando el derecho ciudadano a la participación, sino encorsetando la participación en función de lo que la propia Administración considere oportuno en cada momento”, ha afirmado Del Río.
Otro de los motivos por los que el Ejecutivo emite un informe desfavorable es por la gran multitud de conceptos abstractos e indefinidos relacionados con las obligaciones de la Administración en los distintos procesos de participación ciudadana que incluye la proposición. De hecho, “no se exponen las obligaciones concretas de la Administración con los ciudadanos, ni se señalan plazos de cumplimiento, ni incluye un régimen sancionador ni las actuaciones a emprender en caso de una mala gestión administrativa del procedimiento participativo”.
Discrecionalidad y control político
Además, contiene un exceso de burocracia en gran parte de los procedimientos participativos propuestos lo que los hace ineficaces e ineficientes. A ese exceso innecesario de burocracia, se une la discrecionalidad y el férreo control político que permitiría a la Administración eliminar o modificar las propuestas originales presentadas por la ciudadanía con el objetivo de introducir un marcado sesgo ideológico que permita el control sobre las iniciativas ciudadanas.
De acuerdo a todos estos criterios, esta proposición de ley “ahondaría en la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones, ya que no se le dota de ninguna capacidad de aplicación efectiva y no puede ser exigido mínimamente su cumplimiento por parte de ningún ciudadano o ciudadana frente a las Administraciones”.
