La Consejería de Fomento y Política Territorial ha encargado la elaboración de un estudio socioeconómico preceptivo para avanzar en la consecución de la declaración de las rutas aéreas a Madrid y Barcelona como obligaciones de servicio público (OSP). En concreto, serían dos viajes de ida y vuelta a Madrid y uno de ida y vuelta a Barcelona.
El estudio, que deberá contener de manera detallada aspectos como la caracterización demográfica e indicadores económicos de la región, el análisis del transporte aéreo y de los diferentes transportes existentes, ha sido encargado a la empresa iPlan Movilidad S.L. por un importe de 17.545 euros.
La redacción de este informe, que deberá incorporarse al correspondiente expediente, se realiza a petición de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, a quien el Gobierno de La Rioja remitió el pasado mes de mayo la solicitud para iniciar los trámites de declaración de OSP de las rutas señaladas, “de manera que se garantice una prestación mínima de servicios regulares con objeto de reforzar la cohesión territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el resto de España”.
La solicitud, firmada por los consejeros de Fomento y Política Territorial y de Desarrollo Económico e Innovación, Carlos Cuevas y Leonor González Menorca, respectivamente, precisa que el actual servicio “se antoja insuficiente para atender la demanda real de vuelos requerida por viajeros, empresarios, turistas…” y aboga por “mejorar las conexiones aéreas de Logroño con Madrid y Barcelona para que podamos comunicarnos con las principales capitales españolas con regularidad, rapidez y seguridad”.
Asimismo, el Gobierno regional considera “que se cumplen las directrices interpretativas sobre el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo para poder declarar estas rutas aéreas como obligaciones de servicio público”.
La Dirección General de Aviación Civil aduce que “siempre está dispuesta a analizar cualquier proyecto que tenga por objeto favorecer la conectividad de las diferentes regiones”, por lo que solicita la aportación de un informe justificativo al Gobierno regional “con el objetivo de continuar con el proceso de análisis y evaluación de las OPS solicitadas”.
