La Guardia Civil ha desarrollado una investigación dirigida a esclarecer las causas del incendio, que el pasado mes de enero, arrasó la antigua planta de reciclaje de Pradejón. Se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de otras seis, todas ellas como presuntas autoras en diferentes grados de participación de un delito de incendio y otro contra el medio ambiente.
Los implicados en estos hechos son siete hombres y dos mujeres, naturales de España y Portugal, con edades comprendidas entre los 41 y 58 años, domiciliados en diferentes municipios de La Rioja Baja. Entre estas personas se encuentran los dos autores materiales del incendio y el responsable de la planta de reciclaje.
La investigación -“Operación Muladar”- ha sido dirigida por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Calahorra y ha contado con la colaboración del Equipo de Investigación de Incendios (ESIN) y el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
Durante estos meses se han llevado a cabo dos líneas de actuación. Una orientada a esclarecer las circunstancias concretas del incendio (fortuito o provocado) y la otra para determinar la posible existencia de un delito medioambiental, por el impacto que el humo pudo tener en la población y por la inadecuada gestión de los residuos existentes en la Planta.
Delito de incendio
Estas acciones han permitido a las unidades intervinientes constatar que el incendio fue provocado de manera intencionada, debido a la existencia de enfrentamientos y rencillas entre algunos de los detenidos e investigados.
Las llamas llegaron a calcinar unos 5.000 metros cúbicos de papel, papel de aluminio, cartón, bolsas, recipientes de plástico y gomas, con un que elevaron a la atmósfera sustancias, gases y productos volátiles de toxicidad manifiesta. Este hecho provocó que la autoridad competente alertara por nube de humo tóxico a las localidades de Pradejón, Calahorra y Rincón de Soto en La Rioja, y San Adrián, Azagra y Andosilla en Navarra.
Delito medioambiental
El estudio a la documentación aportada por la administración determina que la gestión de los residuos en la planta de reciclaje no se desarrollaba conforme a la normativa nacional y autonómica, dado que desde el año 2012 tenía revocada la autorización para realizar actividades de gestión de residuos debido a diversas irregularidades.
Desde la fecha de revocación de licencia, la empresa siguió con la actividad de forma subrepticia, mediante la creación de sociedades mercantiles que tenían como único objetivo dificultar e impedir la acción fiscalizadora de la administración. A este respecto los investigadores están analizando un total de nueve sociedades vinculadas a la planta.
Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
