La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha acordado por unanimidad la inadmisión a trámite de la querella interpuesta por los parlamentarios regionales de Ciudadanos Diego Ubis, David Vallejo y Tomás Martínez contra la también diputada del mismo grupo Rebeca Grajea, a la que reclamaban entre 10.000 y 20.000 euros por “daños morales”.
En la querella, ahora archivada, los tres parlamentarios atribuían a la diputada regional la comisión de los delitos de injurias y calumnias graves con publicidad tras acusarles públicamente de acoso laboral.
En el auto de archivo el tribunal, tras citar varias resoluciones del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirma que “cuando los afectados son titulares de cargos públicos, los límites de la crítica admisible son más amplios, hasta el punto de que estos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque duelan, choquen, inquieten o sean especialmente molestas o hirientes”.
Añade la Sala en su resolución que “nuestro sistema ha otorgado a los Diputados y Senadores, en armonía con la tradición del constitucionalismo histórico, prerrogativas de rango constitucional que preserven su trascendente función parlamentaria frente a actuaciones que puedan entorpecer el ejercicio de las tareas legislativas”.
El auto de archivo no es firme y contra él sólo cabe el recurso de súplica ante la misma Sala de lo Civil y Penal del TSJR.
El pasado mes de marzo, la misma Sala archivó la denuncia presentada por Grajea contra el portavoz parlamentario de la formación naranja, Diego Ubis, al entender que los tratos “vejatorios y habituales” que aseguraba la diputada sufrir de los compañeros de grupo no se correspondían con “el ámbito de una relación laboral o funcionarial y que el sujeto activo tenga y se prevalga de su relación de superioridad”.
