El conflicto entre el sector del taxi y las autorizaciones VTC se ha extendido a nivel nacional y La Rioja no es ajena a ello. La proporción de licencias, su coste, el reparto de las competencias y el grado de regulación son algunos de los puntos en discusión que hay sobre la mesa.
El presidente del colectivo en la región, Javier Valliluenga, ha dejado clara la posibilidad de una nueva huelga en el sector, aunque todo deberá ir en concordancia con la federación estatal. Así pues, los taxistas riojanos anuncian que lucharán por sus derechos en la Mesa Nacional de Transporte.
Valliluenga ha conversado con NueveCuatroUno, explicando su punto de vista de la situación. “El problema aquí no son Uber y Cabify (no hay), sino las autorizaciones VTC. Tienen que estar reguladas por ley, en proporción de 1 por cada 30 taxis. Debería haber 6 en La Rioja y van a pasar a ser 95, frente a los 169 taxis. La proporción se va a ir a una por cada 1,8 taxis, con lo que vamos a ser una de la comunidades más perjudicadas”, afirma.
Respecto a sus demandas, quieren una regulación más estricta: “Un vigilante no puede ser un policía y un óptico no puede ser un oftalmólogo. Nosotros tenemos que pagar cientos de miles de euros por la licencia y ellos con una autorización de transporte (36 euros) hacen el mismo trabajo. Es competencia desleal”, advierten. También apuntan a un problema mucho mayor, de orden público, con cuatro perjudicados: autónomos, usuarios, Hacienda y sus propios trabajadores.
Según el directivo, el taxi jamás puede ser considerado como un monopolio, al tener 70.000 microempresas y 30.000 trabajadores compitiendo entre sí. También advierte de los elevados precios en momentos de alta demanda, donde las tarifas pueden sextuplicarse. En cuanto al aspecto tributario, se muestra contundente: “Nosotros declaramos en España y ellos fuera, por medio de empresas fantasma. Y encima Hacienda le devolvió 1 millón de euros a Cabify”. Por último, afirma que sus trabajadores están explotados, con horarios de 12 horas diarias de martes a domingo y no les pagan las 26-36 horas extras que hacen cada semana. “Inconcebible”, resume.
“Condiciones justas”
“Estamos dispuestos a competir, pero en condiciones justas. Los taxistas de Logroño pasamos cada año dos ITV por ser servicio público (43 euros), taxímetro (103) y medición de datos (30). Ellos sólo la licencia de un vehículo normal”, argumenta Valliluenga, explicando que las diferencias se extienden en los seguros. La Ley exige que sean responsabilidad ilimitada para cada plaza de taxi, mientras que los VTC emplean un seguro normal. “Nosotros pagamos una media de 200 euros al mes para mantener a los siete trabajadores de radiotaxi”.
El responsable pone el foco en el precio de las licencias, afirmando que suponen una auténtica hipoteca. Sobre la posibilidad de un parón, afirma que primero intentarán que la Delegación de Transportes del Gobierno de La Rioja efectúe la regulación. Eso sí, advierte de que si no hay regulación y un acuerdo nacional, “pondrán cincuenta coches delante de Carlos Cuevas (consejero regional)”. “Mientras todos los Ayuntamientos (incluido el de Logroño) trabajan para lograr un acuerdo, el Gobierno de La Rioja nos ha dicho que no va a hacer nada”, remarca contundentemente.
Carlos Cuevas deja clara la postura del Ejecutivo en este aspecto: “No podemos denegar las VTC por imperativo judicial. De primeras, nosotros anulamos todas las autorizaciones, pero ellos recurrieron y ganaron judicialmente. Sí que se les pondrán distintivos y esto está contemplado en el BOR (Boletín Oficial de La Rioja)”, apunta el consejero. Estas pegatinas deberán ir colocadas en la parte superior derecha de la luna delantera y en la parte inferior izquierda de la trasera, sin interferir en la visibilidad del conductor.
Críticas a las agresiones en Madrid y Barcelona
El presidente de los taxistas riojanos es consciente de que al realizar una huelga “se ponen a la opinión pública en contra”. También lamenta profundamente que “de los 100.000 miembros del sector, algún descerebrado daña a la gente y pedimos mil disculpas por ello”, subraya. Además, añade que mucha gente está desesperada y que sus vidas están condicionadas al taxi. “Llevan riéndose de nosotros diez años. Es que no hay por dónde cogerlo”, comenta. Eso sí, pide acuerdo y precuación. “No voy a parar sin el permiso de la Asociación Nacional de Taxis. No me voy a enfrentar a la gente, lo quiero hacer bien”, explica.
Sobre la evolución de ventas, explica que ya están notando su efectos. “Ellos no pueden trabajar como taxi, pero se aprovechan de la desinformación total de la ciudadanía, Policía Local y Guardia Civil. No pueden hacer transportes inmediatos, están totalmente prohibidos por ley. Nosotros vamos a por ellos, pero cuando avisamos a las fuerzas de seguridad ya se han ido y no les podemos pillar”, lamenta. En la actualidad ya hay 66 VTC, pero se espera que lleguen a 95. Parte de ellas (30), son de una empresa que se dedica a vender a Uber y Cabify, lo cual ha sido denunciado.
El sindicato anuncia medidas legales. “No queremos que pase como en San Francisco, donde los taxis desaparecieron y han sido sustituidos por Uber. Hemos contratado a Elpidio Silva, el magistrado que metió en la cárcel a gente del PP. Tenemos una querella contra Uber y Cabify, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y Fomento. Intuimos que hay muchos favoritismos y cosas mal hechas, y que cuando se destape todo, va a dar mucho que hablar. Eso sí, no podemos hacerlo sin pruebas”, concluye.
Conflicto entre el Ministerio y el Gobierno regional
El Gobierno de La Rioja achaca errores al central. Carlos Cuevas indica que “las licencias VTC son de ámbito autonómico porque Fomento ha decidido quitarse el problema de en medio. Lo que se debe hacer es unificar las normativas referentes a cada Comunidad Autónoma, para que no haya diferencias notables.”
“Los VTC pueden hacer un máximo del 20% de sus trayectos fuera de su comunidad. El 80% restante deberá hacerlo en la comunidad donde posea el permiso. Tenemos que procurar que se cumpla, formando a los policías y realizando un registro donde se anoten los trayectos de la VTC. Y eso debería crearlo la Dirección General de Transportes”, indica el consejero de Fomento. Sobre la huelga apunta: “Todos los españoles tienen derecho a manifestarse, pero hay que hacerlo compatible con el derecho a la movilidad”. La clara contraposición entre PP y PSOE amenaza con simplificar el conflicto en una dura batalla política. Además, es año electoral. Peligro.
