El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, ha comparecido este lunes a petición propia en el Parlamento autonómico para dar explicaciones sobre los contratos relacionados con la trama ‘Enredadera’.
Durante su comparecencia, el consejero ha defendido que no ha recibido ninguna notificación del jugado que instruye la causa, a raíz de unas informaciones que le sitúan como ‘conseguidor’ de la trama. Además, ha negado reunirse con Fernando Corral, con quien no ha intercambiado «ni una llamada», pese a que en el sumario este citara a Conrado Escobar como un político con el que mantiene una buena relación.
En la actualidad, la Consejería que dirige tiene adjudicados los servicios de los centros de día de Santo Domingo de la Calzada y Alfaro con Aralia, que -según ha avanzado el Partido Riojano- opta a un tercer contrato en Nájera, por valor de 8,6 millones de euros.
El titular de Políticas Sociales ha indicado que no tiene «constancia» de que esta empresa tenga ningún tipo de «vinculación» con la trama y ha defendido que su licitación se desarrolló «conforme a la normativa».
La diputada de Podemos Natalia Rodríguez le ha recordado que el presidente de la compañía, José Luis Ulibarri, está en prisión preventiva por esta causa. Por su parte, Ana Santos (PSOE) le ha subrayado que el segundo de los contratos con la Consejería se firmó apenas 48 horas del ingreso en prisión en la cárcel.
«No puedo desviarme»
Conrado Escobar ha comparecido acompañado por Celia Sanz, directora técnica del ramo, quien ha reiterado que no hay «ninguna causa legal» sobre Aralia que la incapacite para contratar con Administraciones Públicas. En esta línea, el consejero ha deslizado que podría incurrir en un delito de prevaricación si se «desviase» de la labor que realiza la Mesa de Contratación.
Asimismo, ha recordado que la Ley contempla casos de inadmisión en procesos de concurrencia pública, cuando sobre las empresas aspirantes pesan sentencias firmes, y que no la Consejería no puede actuar en base a «sospechas». «La Mesa (de Contratación) propone y el órgano contratante (el Gobierno de La Rioja) firma», ha señalado Escobar.
Por ello, el consejero aboga por continuar con los trámites administrativos en este proceso, expresando su «confianza» en los técnicos de la Consejería.
Celia Sanz ha revelado que Aralia concurrió hace cuatro años a un concurso en Santo Domingo que no le fue adjudicado y ha afirmado que «se podrá seguir presentando a todos los concursos que estime oportunos», ya que la obligación de estudiar «con imparcialidad» los detalles de la licitación corresponde a las distintas Administraciones.
