La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha conocido estos días que ya se han establecido los contactos necesarios para prorrogar por un año más el contrato entre la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y la mercantil ‘Los Manzanos’ (finaliza el próximo 30 de noviembre de 2018), denunciando que la consejera María Martín ha iniciado los mismos y que estos costarán 7,4 millones de euros a las arcas riojanas.
“Esta prórroga se está formalizando sin que la consejera de Salud haya establecido contacto alguno con los grupos parlamentarios y haciendo caso omiso a los distintos requerimientos para que estos servicios fueran prestados por la sanidad pública, y lo que es más grave sin dar explicaciones a la ciudadanía”, han criticado desde la plataforma, al tiempo que han recordado que este contrato, ahora en fase de prórroga, data de 2014, por el cual se han pagado a la mercantil más de 29.347.837 millones de euros (sin IVA).
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública sigue insistiendo en la necesidad de revertir estos contratos “tan perjudiciales para el sistema público” y ha señalado que “ahora es el momento para que la consejería de Salud elimine estas derivaciones sin coste económico añadido, ya que no habría que indemnizar a la empresa”.
“Por contrario, renovar el contrato con la mercantil Los Manzanos supondría dar continuidad a una hipoteca económica totalmente innecesaria ya que los servicios contratados pueden ser asumidos por el sistema público, sin perjuicio para el personal que los viene prestando manteniendo e incluso mejorando la calidad de los servicios”, han añadido en un comunicado.
El acuerdo de Viamed Los Manzanos con el Gobierno del PP en La Rioja, han proseguido denunciando desde la Plataforma, “fue el inicio de un conglomerado privado para asaltar el sistema público, que ha ido creciendo a costa de éste con la creación de Viamed El Carmen en Calahorra, Viamed Los Jazmines en Haro y Viamed Valvanera en Logroño, al margen del señalado Viamed Los Manzanos”.
“Estas decisiones están suponiendo la derivación de recursos públicos de los presupuestos generales por valor de 183.917.397 euros, a los que debe añadirse los de la prórroga actual de más 7,4 millones de euros, todos ellos al conglomerado mercantil de Viamed Salud”, han indicado, para concluir que se trata de una hipoteca: “Nunca justificada ni en términos económicos ni sociales y pagados de los presupuestos de toda la ciudadanía”.
“Supone un lastre económico que está perjudicando claramente la necesaria expansión del servicio sanitario público que se está mermando día a día a costa de beneficios empresariales nada justificables”, han concluido.
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