El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, acompañado del director general de la Oficina de Control Presupuestario, Francisco Rojas, ha dado a conocer este lunes la valoración de La Rioja al informe elaborado por el Comité de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, que envió el pasado viernes a la comisión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En primer lugar, Alfonso Domínguez ha reconocido el trabajo realizo por el grupo de expertos, “que supone un excelente punto de partida sobre el que construir la revisión del Sistema de Financiación” ya que incluía algunas de las reivindicaciones riojanas relacionadas con el reto demográfico y los costes fijos en la prestación de los servicios. Además, recogió el voto particular negativo (junto a Extremadura, Castilla y León, Cantabria y Aragón) a la eliminación de la cláusula del status quo.
Como ha explicado el consejero, “las alegaciones presentadas por La Rioja argumentan que nuestra comunidad no es una de las regiones mejor financiadas ya que no compartimos la actual metodología utilizada en el sistema de financiación vigente ni por el lado de los ingresos ni de los gastos”.
Para justificar esta afirmación, ha explicado que debería modificarse el cálculo de lo que se denomina población ajustada de manera que se tenga más en cuenta a la hora de financiar el coste real de la prestación de los servicios y otras variables que influyen en las necesidades de gasto de las regiones más pequeñas, que como La Rioja tiene una población más dispersa y envejecida”.
Por eso, ha continuado, desde el Gobierno de La Rioja se ha realizado un estudio para introducir en la variable de población ajustada los costes fijos de los servicios. De este modo, “si descontamos los costes fijos de la financiación efectiva por habitante, la situación de La Rioja respecto al resto de regiones cambia sustancialmente y pasa de encabezar el ranking de las regiones mejor financiadas, a situarse en el último puesto”.
“Lo mismo sucede con el cálculo de los ingresos”, ha explicado el consejero, “ya que la actual metodología no tiene en cuenta la capacidad de recaudación real que tiene todas las comunidades en sus impuestos propios y en donde La Rioja también sale perjudicada por el menor dinamismo de sus tributos propios en comparación con otras comunidades autónomas donde los ingresos por el mercado inmobiliario es mayor”.
Mejorar la financiación
“A partir de aquí y puesto que consideramos que no somos la comunidad mejor financiada nuestro principal objetivo es mejorar nuestra financiación”, ha afirmado Domínguez, quien ha incidido en que para ello “La Rioja reclamará el status quo y que se tengan en cuenta las particularidades de La Rioja, es decir el peso de los costes fijos, el peso de la dispersión territorial, el peso de la superficie y el peso del envejecimiento poblacional”.
Asimismo, ha señalado que también queremos se tengan en cuenta estas particularidades por el lado de los ingresos, de tal forma que las regiones que tienen una recaudación real menor obtengan más recursos mediante el incremento de su participación en los ingresos del Estado.
Por otro lado, el consejero ha resaltado que durante la negociación debe tenerse en cuenta el esfuerzo realizado por algunas comunidades, como La Rioja, para mantener los niveles de nuestra economía y bienestar durante la crisis económica. Por eso, ha insistido “este esfuerzo no puede verse ahora penalizado mediante mecanismos de condonación de la deuda, que alguna comunidad autónoma está planteado en esta negociación”.
En definitiva, ha concluido, “buscamos un sistema que cumpla con cinco principios básicos; el principio de multilateralidad, de modo que sea consensuado entre todas las comunidad autónomas; el principio de igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos; el principio de transparencia, de modo que todos conozcamos bien los principios del sistema; el principio de solidaridad interterritorial”, y por último, ha afirmado que tiene que haber armonización fiscal, “de modo que haya igualdad entre la presión que soportan las empresas tanto de los territorios de régimen común como foral”.
