La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha remitido al Ministerio de Agricultura el reparto de las nuevas 471 hectáreas de viñedo que se han adjudicado a 197 jóvenes nuevos viticultores.
El dato lo ha dado a conocer ARAG-ASAJA, que ha sido informado por el Ministerio en la mañana de este martes en una reunión mantenida con los representantes del sector. ARAG-ASAJA reclama al gobierno riojano que informe de cómo se ha llevado a cabo el proceso de reparto. Cada uno de los casi 200 adjudicatarios recibirá el 32% de la superficie que se le ha considerado válida (645 has. en total en la DOCa Rioja, 471 has. en La Rioja).
Al reparto acudieron, en esta convocatoria de 2017, unos 900 viticultores que solicitaron en torno a 9.500 has. Estos viticultores se agruparon en cuatro grupos según diferentes parámetros de prioridad: grupo 1, jóvenes nuevos viticultores; grupo 2, sin viñedo abandonado, ni ilegal; grupo 3, sin viñedo abandonado y grupo 4, con viñedo ilegal. Todos los viticultores beneficiados, que han recibido 471, pertenecen al grupo 1 y no se ha repartido ninguna hectárea entre el resto de grupos. En las comunidades vecinas que forman la DO Rioja (Álava y Navarra), la concesión de nuevas plantaciones también se ha quedado en el grupo 1.
Respecto al reparto de 2016, el porcentaje de superficie concedida en 2017 casi se triplica, porque ha pasado del 11% al 32%. De acuerdo con estos datos, ARAG-ASAJA pide a la Consejería de Agricultura que explique cómo se ha gestionado el proceso de estudio de las solicitudes que ha concluido con el envío al Ministerio de Agricultura y cuál es el perfil de viticultor que se beneficiará del nuevo viñedo.
Asimismo, la organización agraria pone de manifiesto la falta de respuesta de la Consejería que han tenido a sus alegaciones muchos viticultores que solicitaron viñedo y que, a día de hoy, no conocen en qué situación se encuentran y para los que reclama una contestación.
Criterios solicitados por ARAG-ASAJA
ARAG-ASAJA viene reclamando desde 2015 que se priorice hacia la profesionalización del sector favoreciendo a los viticultores profesionales frente a los que no lo son.
Así, ha reclamado que se les exija tener la capacidad y competencia profesional adecuada mediante la acreditación de la experiencia profesional, con un mínimo de cinco años, que se demostraría a través de la cotización a la seguridad social agraria, pagos de seguros, ingresos agrarios, etc. En el caso de no poder acreditar dicha experiencia a lo largo de todo el periodo de 5 años, el viticultor podrá convalidar el periodo no acreditado con un curso de 30 horas de duración por cada año que no hubiese podido acreditar.
Por otro lado, ARAG-ASAJA ha solicitado también la aplicación de nuevos criterios de prioridad, como el reparto hacia aquellas explotaciones pequeñas y medianas que tengan viñedo, tales como explotaciones que tengan como máximo 50 hectáreas de superficie incluidos todos los usos y cultivos.
Además, la organización agraria propone también la limitación en la concesión de una superficie máxima por solicitante, tal y como se solicitó a la directora general de la Comisión Europea durante la reunión que mantuvieron con ella en Bruselas representantes de la organización el pasado mes de abril.
