La titular del juzgado de instrucción número dos de Logroño, Rosa Esperanza Sánchez, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Senado y expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, por un delito urbanístico relacionado con su chalé de Villamediana de Iregua. El exalcalde de la localidad, Tomás Santolaya, ha sidocitado en calidad de imputado por un delito de prevaricación.
Dada la condición de aforado de Sanz, la jueza ha enviado el caso a este tribunal al considerar que las obras de reforma del chalé del expresidente en una zona protegida se hicieron al margen de la legalidad. Además, como ya señalara en un auto anterior, ha apuntado que el el posterior plan de ordenación urbana municipal que legalizó la vivienda en la etapa de Santolaya tuvo “el exclusivo fin de favorecer sus intereses personales”.
El plan urbanístico, argumenta la jueza, es también “sospechoso de ilicitud penal porque calificar el suelo en el en el que se ubica la parcela de Pedro Sanz como suelo urbanizable en una fase muy ulterior con el exclusivo fin de favorecer sus intereses personales podría ser una conducta prevaricadora”. “Hay que evitar que la propia actividad de la Administración, en aquellos casos en los que no persiga los intereses generales, deje impune el hecho delictivo”, concluye.
La respuesta del PP
Ante estas informaciones, el PP ha indicado que existen ya cuatro sentencias de tres jueces distintos que dicen que no existe delito respecto a este asunto. “Recientemente se conocieron dos sentencias del Juzgado de Instrucción número 1, en las que se recogía que no había delito. Dos sentencias, por cierto, como consecuencia de las denuncias políticas del Secretario de Organización del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, y del portavoz de IU, Jesús Cámara”, han añadido los populares en una nota de prensa.
El PP ha afirmado que “respeta las decisiones judiciales” y ha indicado que “no existe ninguna imputación contra Pedro Sanz y que el exalcalde, Tomás Santolaya, actuó siempre conforme a la legalidad”.
“A estas dos sentencias se suman otra anterior del Contencioso-Administrativo, donde igualmente se recoge que no existe delito, también como consecuencia de otra denuncia política”, han argumentado desde el PP, sumando a ello la anulación del Auto de la juez Rosa Esperanza Sánchez desde el Juzgado de Instrucción número 3: “Por lo tanto, tanto en los juzgados de lo Penal como el Contencioso, 3 jueces distintos se han pronunciado señalando que no existe delito”.
“Igualmente, hay que recordar que el Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana se aprobó en 2013, empezó a tramitarse 8 años antes y no ha sido recurrido por nadie, por lo tanto, es firme. Este es el primer Plan de Ordenación Urbana que tiene Villamediama en su historia y gracias al mismo se puede ordenar el urbanismo de este municipio. En este asunto, estamos ante la utilización de la justicia para conseguir fines políticos y se está sometiendo a una persona a una persecución política, a pesar de que con ello con ello se perjudica a todos los vecinos de Villamediana”, han concluido.
