La renovación del conocido como ‘cupo vasco’, incluido en el acuerdo entre el Gobierno de España y el PNV para que los cinco diputados nacionalistas apoyen los Presupuestos de 2017, ha llevado a otros gobiernos autonómicos a apresurarse a reclamar un trato equivalente y a avisar ante posibles desigualdades en financiación. El Ejecutivo presidido por José Ignacio Ceniceros ha valorado que se “salven los presupuestos”, aunque pedirá que el nuevo sistema de financiación compense a las comunidades de régimen común el incremento de recursos al País Vasco. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja, Fernando Antoñanzas, analiza esta situación.
¿Qué es el cupo vasco?
Es un acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para la financiación autonómica por el que se establecen los pagos que el Gobierno vasco deberá hacer al Gobierno central por los servicios no transferidos (gestión de puertos, aeropuertos, fuerzas armadas, mantenimiento de la Casa Real, representación diplomática, etc), que es diferente a los acuerdos generales que existen con las otras quince comunidades autónomas, porque Navarra también tiene otro acuerdo especial.
¿De dónde viene ese marco especial de financiación?
Su origen está en la Constitución Española, de tal manera que recoge la autonomía que tenían las tres diputaciones vascas desde el siglo XIX por los Fueros de País Vasco y Navarra. Cuando llega la democracia se recoge en la Constitución que País Vasco tendría un acuerdo de financiación específico, el concierto económico.
A título práctico, ¿en qué se traduce, especialmente para La Rioja?
Esencialmente, las tres diputaciones vascas recaudan sus propios impuestos y gestionan sus propios pagos. Posteriormente, el Gobierno vasco compensa anualmente al Estado por las funciones que no lleva a cabo. Ese importe está vinculado al PIB del País Vasco y del resto de España, así como al coste estimado de esas funciones. Su cuantía depende de la evolución de ciertas variables y de otras transferencias que se han realizado a lo largo de las cuatro últimas décadas.
Al margen de la negociación de los Presupuestos, ¿por qué se ha generado tanto revuelo con la renovación de este marco fiscal?
Llevábamos como diez años en los que vivíamos en una prórroga continuada, porque no había habido un acuerdo de revisión de todas esas variables que llevan a la cifra final que debe pagar el Gobierno vasco al central. Al hilo de la necesidad de unos votos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado se ha producido una negociación que se podía haber resuelto en los últimos diez años y se ha resuelto con unas condiciones, a mi juicio, ventajosas para el País Vasco.
¿Qué efecto van a tener esas condiciones ventajosas en el bolsillo de los contribuyentes?
Lo que está divulgando la Prensa especializada del País Vasco a través de entrevistas con el consejero de Hacienda es que viene a significar un ahorro para Euskadi de unos 2.000 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años con respecto a lo que venían pagando. De hecho, el acuerdo conlleva no sólo ahorros sino unos pagos desde el Gobierno central al vasco de aproximadamente 1.500 millones de euros, porque desde 2007 el importe satisfecho por el País Vasco tendría que haber sido menor si el cupo se hubiese actualizado entonces. Dicho de otro modo, viene a suponer un ahorro de unos 1.000 euros por cada ciudadano vasco en relación a la prórroga en la que vivíamos durante la última década.
¿Va a tener el nuevo ‘cupo vasco’ repercusión en el llamado ‘efecto frontera’?
Yo no diría eso. Existe un nuevo acuerdo de financiación pero no se han modificado las reglas del juego económico. No se ha cambiado la regulación de ciertas variables fiscales que afectan a las decisiones empresariales que se pudieran tomar en el futuro.
Es decir, la situación industrial de La Rioja no va a sufrir cambios motivados por este acuerdo.
Las únicas connotaciones que se han incluido en esta negociación están vinculadas a una rebaja en la tarifa de los 30.000 voltios de la energía industrial que tienen las empresas vascas. Hasta ahora estaba un poco por encima de las del resto del país y ahora se acomodan a las tarifas generalizadas. Eso va a hacer que las empresas vascas sean más competitivas porque pagarán menos en energía que hasta ahora, pero en principio no pagarán menos que las empresas de otras comunidades.
¿Está justificada la percepción de agravio de otras comunidades respecto al País Vasco?
No veo que vaya a tener repercusiones importantes para La Rioja, pero sí es cierto que los 2.000 millones de euros con los que mejora País Vasco implica que el resto del país va a disponer de 2.000 millones menos. Lo que unos ganan tienen que perderlo otros o, al menos, dejan de ingresarlo.
¿La negociación ha abarcado otros asuntos ajenos al ámbito económico?
Se ha acordado el intercambio de información privada de la Guardia Civil y la Policía Nacional hacia la Ertzaintza para combatir el terrorismo islámico, pero no tiene prácticamente ningún efecto en La Rioja. Cabe recordar que en ocasiones anteriores la negociación con las autonomías trasciende fuera del ámbito de las finanzas públicas. Eso ocurrió con el acuerdo entre el gabinete de Felipe González y Convergència i Unió para el apoyo a los Presupuestos en los años 80, que se tradujo en la creación de los Mossos d’Esquadra de Cataluña, por ejemplo, con importantes repercusiones políticas, pero en esta ocasión no se han abordado asuntos de tal relevancia, al menos atendiendo a la información publicada que ha trascendido sobre el acuerdo.
