El Tribunal de Cuentas del Estado ha comunicado a UGT, a través de un escrito, que archiva las diligencias preprocesales en cuanto a la responsabilidad contable, materia exclusiva de este organismo, al no apreciar indicios de “daño económico, real, efectivo e individualizado en los fondos públicos” en el contrato firmado por la Consejería de Salud y la empresa Aparcamientos CIBIR SL..
La Fiscalía Anticorrupción ha dictado además un decreto, sin posibilidad de recurso, por el que da traslado a la Fiscalía de La Rioja del mismo expediente, aludiendo falta de competencia territorial. Por tanto, el caso queda ahora en manos de las instituciones riojanas.
El pasado 6 de febrero, la Federación de Servicios Públicos de UGT La Rioja presentó en el registro de la Delegación del Gobierno de La Rioja dos comunicaciones dirigidas a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas del Estado, a fin de que estos dos tribunales investigaran y analizaran el contrato, al apreciar desde el sindicato presuntas ilegalidades e irregularidades en la tramitación administrativa en la Adjudicación.
“No entendemos cómo no ha considerado perjuicio público los más de seis millones de euros que la Consejería debe pagar a Aparcamientos CIBIR en compensación por los beneficios no alcanzados, reflejado en el contrato firmado”, han señalado desde UGT sobre el archivo del Tribunal de Cuentas, esperando también que la Fiscalía de La Rioja realice “una pronta y justa resolución, a fin de resolver un contrato que hipoteca los fondos públicos del Sistema Riojano de Salud (Seris) con repercusión sobre la atención a salud de los riojanos”.
