Marta Ostiz.- Tres años después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, las trabas para acceder a esta prestación se mantienen y la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denuncia que la duración media del procedimiento es de 75 días, cuando la ley marca 35, al tiempo que lamenta casos en los que el trato administrativo es “cruel”.
Así lo expone, en una entrevista a EFE con motivo del aniversario de la entrada en vigor de la ley, el 25 de junio, el presidente de DMD, Javier Velasco, que habla de falta de transparencia en los datos que aportan algunas comunidades autónomas. De hecho, señala que las únicas que han hecho público el informe anual que contempla la ley han sido Andalucía, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Los últimos datos que se conocen, publicados en diciembre por el Ministerio de Sanidad, revelan que un total de 746 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en el primer año y medio en vigor de la ley, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, y a 363 (el 48 por ciento) les fue concedida.
Los plazos se alargan: 75 días frente a los 35 que marca la ley
Una de cada tres personas fallecieron antes de recibir la ayuda y la duración media del procedimiento, aunque con muchas diferencias entre comunidades, fue de 75 días, cuando la ley establece un plazo de 35.
“Una de las hipótesis que explican por qué muchas personas mueren antes de recibir la prestación es que algunos solicitan la eutanasia muy tarde, estando ya muy graves. Se trata en su mayoría de enfermos oncológicos”, indica Velasco.
Pero también influye la falta de respuesta rápida por parte de la administración. En este sentido, el presidente de DMD recuerda que la ley contempla la posibilidad de acortar los plazos de tramitación cuando el fallecimiento de enfermo sea inminente.
“Es verdad que la mayoría de estos pacientes no mueren mal, se les seda en cuidados paliativos, pero ellos habían pedido una eutanasia”, subraya.
Dilación del proceso y un trato administrativo “cruel”
En cuanto a la dilación del proceso, que supera en más del doble lo establecido por la ley, Velasco denuncia que hay casos “sangrantes” en los que el trato administrativo “es cruel”.
Es el caso de algunas comunidades en las que la solicitud se entrega a un médico que es objetor de conciencia, lo que retrasa muchísimo el proceso a pesar de que el Manual de Buenas Prácticas prevé que si eso ocurre, el profesional que objeta debe derivarlo directamente al inmediato superior y esa persona encargarse de buscar al profesional sanitario adecuado.
“Estas situaciones siempre son límites y lo que habría que hacer es no aumentar el sufrimiento, por eso nosotros decimos que en algunos casos hay un encarnizamiento administrativo”.
Por otra parte, Velasco pone en duda la formación de los integrantes de algunas Comisiones de Garantía y Evaluación -encargadas de dar el visto bueno a las solicitudes-. “Nos llama la atención que cuando ayudamos a nuestros socios a recurrir una ayuda que ha sido denegada, normalmente ésta es favorable en segunda instancia. En muchas ocasiones, se niega muy rápidamente o sin estudiar el caso a profundidad”, lamenta.
Por todo esto, desde DMD se ha solicitado al Ministerio de Sanidad la elaboración de un reglamento que sustituya al Manual de Buenas Prácticas “que no tiene valor legal”, sino que funciona como una orientación clínica.
Los objetores de conciencia son minoría
En cuanto a los objetores de conciencia, Velasco advierte de que no todas las comunidades publican cuántos objetores hay.
“En el caso de las que lo publican, el número no nos preocupa. Son una minoría respecto a la totalidad de médicos y médicas colegiados”, explica.
Lo que sí les inquieta es la “objeción encubierta o la objeción de conveniencia” que se da sobre todo en Atención Primaria, donde la mayoría de los profesionales están saturados y, cuando reciben una solicitud de eutanasia, piensan: “lo que me faltaba”.
Por eso, han propuesto a Sanidad que todas las comunidades autónomas tengan un grupo de referentes que oriente a los médicos en la tramitación de las solicitudes de eutanasia.
“En las comunidades en las que trabajan estos grupos sabemos que la prestación funciona mucho mejor”, afirma.
