Silvia tiene tres hijos (trece, nueve y ocho años les contemplan) y vive en Alberite con ellos, donde fue a parar hace tiempo huyendo de su anterior pareja sentimental. Sufría malos tratos y quería dejar atrás aquella vida. Ahora, el Juzgado ha ordenado su desahucio para el próximo 18 de abril, tras dejar de pagar el alquiler en septiembre del año pasado y acumular una deuda cercana a los 2.000 euros. Sus ingresos actuales sólo llegan a los seiscientos euros al mes y con ellos hay cuatro bocas que alimentar. La situación el pasado mes de agosto era peor. En aquel momento, sólo doscientos euros entraban en casa de Silvia. El eterno dilema: pagar el alquiler y sobrevivir.
La situación, al menos de momento, no tendrá un mal final gracias a dos pequeñas casualidades. O, al menos, el menos malo dentro del escenario planteado. La primera de ellas, una conversación entre dos amigas en el colegio: la hija de Silvia y la hija de Irene Martínez, una activista que anteriormente se dedicaba a este tipo de casos y conoce al dedillo todos los mecanismos a disposición de las personas que pueden sufrir un desahucio. Desde que conoció su situación, contactó con el director general de Vivienda, Carlos Alonso, y el servicio de mediación integral de la comunidad. Se convirtió desde entonces en el ángel de la guarda de Silvia y su familia.
La segunda casualidad es aún más rocambolesca y deja a las claras que la Administración puede echar una mano en estos casos, pero el desconocimiento de los mismos, en muchas ocasiones, le impide actuar. La ‘culpa’ de la solución final la tiene un café improvisado en la plaza del Parlamento entre Irene Martínez y la abogada del caso para hablar de la última prórroga rechazada por el Juzgado. Justo a la misma hora, había Pleno en el antiguo convento de La Merced y la plana mayor de la política regional se encontraba en el lugar.
Durante el transcurso de ese café, coinciden allí ambas implicadas en la solución del desahucio de Silvia con los consejeros Carlos Cuevas (Fomento) y Conrado Escobar (Políticas Sociales). Blanco y en botella. Irene Martínez le expone el caso al primero de ellos, máximo encargado en la región de las cuestiones referentes a vivienda, y los protocolos del Ejecutivo regional comienzan a funcionar a toda velocidad.
A raíz de ese encuentro, esa misma mañana, Cuevas llama al ya citado Carlos Alonso, quien se pone de nuevo manos a la obra para solventar el caso. Tras hablar con el Juzgado y reafirmar la negativa de la jueza a fallar a favor del caso de Silvia, turno para el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar. Le toca encargar un informe para que esta mujer y sus tres hijos puedan acceder a una vivienda con un alquiler social. Dicho y hecho. Tras la redacción del expediente, la familia de Silvia ya tiene una casa a su disposición para cuando pasen por el mal trago del desahucio.
La casa pertenece al Fondo de Viviendas del Instituto Riojano de Vivienda (IRVI) con tres habitaciones. Su alquiler ronda los cien euros mensuales y al menos estarán allí un año, aunque el contrato es prorrogable de año en año, según la situación de la familia. La preocupación de Silvia y sus tres hijos, por el momento, ahora sólo queda en realizar la mudanza.
La llegada de la Semana Santa
“La dificultad que había, al empezar estos días de fiesta y ser el desahucio el próximo martes”, explica Carlos Cuevas a NueveCuatroUno, eran los plazos. Había que acelerar. “Ya tienen una vivienda y voy a firmar el contrato ahora mismo -habla por el móvil mientras vuelve de una visita a la zona de los Cameros-. Ya mismo podría hacer la mudanza”, añade, destacando que en la Consejería siempre cuentan con dos o tres casos similares: “Estamos preparados para realojar a los afectados con un alquiler social”.
“Nosotros intentamos evitar antes los problemas de lanzamientos y desahucios, pero esta chica, al no pagar el alquiler, tenía que tener otra solución”, relata el consejero, al tiempo que recuerda el encuentro con Irene Martínez en la plaza del Parlamento. “No se había activado el protocolo que se sigue en estos casos porque el Juzgado no lo consideró oportuno, aunque desde el IRVI ya llevamos trabajando en él varias semanas. Entonces -tras ese famoso café- se habló con Conrado para acelerar los plazos y se solaparon las acciones. Mientras se redactaba el informe de Servicios Sociales, se buscaba la vivienda para poner a disposición de la familia. Todo ha sido cuestión de horas”.
Los mecanismos del IRVI
El pasado febrero, Carlos Cuevas y Carlos Alonso destacaban que el IRVI ha logrado solucionar el caso de más de ochocientas familias atendidas en el servicio de mediación integral, puesto en marcha hace cuatro años, para negociar con las entidades financieras y proporcionar a las familias una solución definitiva a sus problemas de vivienda.
Los datos revelan que se están reduciendo notablemente los casos atendidos, así como que ninguna familia ha quedado desprotegida o desamparada. Se han evitado los desahucios y todas las familias se mantienen en sus casas o se les ha facilitado un nuevo alojamiento en alquiler. En 2016 se atendieron 69 casos frente a los 383 de 2014, tras el primer año de actividad. “Es una noticia esperanzadora”, apuntaba el consejero, quien recalcaba que continuarán prestando la asistencia que sea precisa en tanto en cuanto haya un solo caso en la comunidad autónoma.
“La gente no está informada y, tal y como puede venir este caso, pueden venir otros. Justamente ha caído en mis manos, que yo tengo conocimientos sobre ellos y algunos contactos. Si no llega a ser así, esta persona estaría en la calle y encima los Servicios Sociales podrían haberse quedado con los niños”, concluye Irene Martínez. Por suerte, no ha sido así. La historia ha tenido un final ‘feliz’.
