El Partido Popular de Arnedo ha pedido este miércoles la dimisión de María Jesús Gil de Muro, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, tras acusarle de tener una construcción ilegal con una irregularidad “grave”, que consistiría en una piscina y otra actuación anexa. “No hay más que meterse en Google Maps para verlo, hoy en día no hay que saltar ninguna valla ni cometer ninguna ilegalidad para verlo”, ha señalado el portavoz popular, Toño Eguizábal.
Según el relato del edil, en el año 2008, gobernando en solitario el PP, se detectó una infracción al construirse una piscina de manera ilegal -en suelo dentro del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural-. Los técnicos del Ayuntamiento hicieron un informe y le dieron la opción de subsanar la infracción o sancionarle, tras lo que tiempo después se comprobó que la piscina había desaparecido y el expediente fue archivado (año 2010).
En la siguiente legislatura, prosigue el relato, Gil de Muro entró como concejal de la oposición y luego como concejal del Equipo de gobierno. “Entonces la piscina vuelve a aparecer y nos consta que se han hecho obras en la casa junto a la piscina, así como de acerado”, ha explicado Eguizábal, incidiendo en que no hay ningún tipo de expediente abierto hacia esta edil: “Entiendo que el Equipo de Gobierno conoce la infracción porque han estado en esa finca. ¿Qué van a hacer a partir de ahora?”.
En el PP han solicitado a Gil de Muro que emule a su compañera del PSOE de Nájera, Patricia Calvo, quien presentó su renuncia como edil en el consistorio najerino reconociendo que ha cometido un error al construir un edificio de 24 metros cuadrados en una parcela donde no podía realizar dichos trabajos, pese a que había eliminado su construcción el pasado mes de febrero.
Además, Eguizábal ha preguntado al alcalde de la localidad, Javier García, y al concejal de Urbanismo, José Luis Rubio, qué va a ocurrir con la actuación de la Fiscalía, tras casi obligar esta a derribar “casillas” de Arnedo en suelo de especial protección.
*Vídeo de ARN – El Titular de La Rioja
La Juez del Juzgado de instrucción número 3 de Calahorra, Cristina María Angulo Guinda, emitió un auto con fecha de 7 de febrero de 2017, en el que daba curso a las instrucciones emitidas por el Ministerio Fiscal por los presuntos delito de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, omisión del deber de denunciar delitos y desobediencia grave. Se trata del procedimiento judicial de los 41 expedientes remitidos por el actual alcalde de Arnedo, a instancias de Fiscalía según indicó en su día el primer edil.
García citó hace unos días a las cuarenta personas investigadas, ya que de cumplir las casi obligadas indicaciones del fiscal, esta situación le abocará al primer edil a denunciar a vecinos, llevarlos por la vía penal en caso de desobediencia y, además, incluso a derribar edificaciones ilegales para restituir la legalidad urbanística deteriorada.
*Vídeo de ARN – El Titular de La Rioja
Concretamente, según ha publicado El Titular de La Rioja -portal digital de Arnedo-, el fiscal determina al referirse a los expedientes que obran en su poder y a los recientemente iniciados, que “si el alcalde ordena la restauración de la legalidad urbanística por decreto puede incurrir en responsabilidad criminal por prevaricación omisiva, sea cual fuere el resultado del procedimiento sancionador, si no ejecuta la demolición de la vivienda ilegal y de las demás construcciones ilegales”.
