El exalcalde de Villamediana Tomás Santolaya y los concejales* que votaron en mayo de 2013 a favor de la aprobación del Plan General Municipal que significaba la legalización del chalé de Pedro Sanz han sido llamados a declarar en calidad de investigados por la jueza que instruye el caso, al considerar que podrían darse “motivos espurios” constitutivos de un delito de prevaricación para favorecer al expresidente de La Rioja y ahora vicepresidente primero del Senado.
Tras aprobarse un plan en 2008 y subsanarse deficiencias en febrero de 2013, sin introducirse modificaciones al mismo desde 2010 sobre el suelo no urbanizable donde se asientan 69 construcciones irregulares -entre las que se encuentra la del expresidente-, el auto de la jueza considera que “podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismos, sino de favorecer a una persona a y unos intereses en particular”.
Asimismo, el auto amplía la culpabilidad del posible delito de prevaricación a los miembros del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) que realizó la aprobación definitiva del PGM en 2013, en una reunión celebrada el 7 de junio y presidida por la entonces Directora General de Urbanismo y Vivienda y en la actualidad coordinadora de programas en el Instituto Riojano de Vivienda (Irvi), María Antonia Ortigosa.
En una extensa petición de datos sobre las 69 parcelas registradas en los sectores que legalizó el PGM de 2013, la jueza ha solicitado al SEPRONA conocer detalles como la identidad de los propietarios, las fechas de las construcciones y las fechas del enganche a la red general de agua y electricidad, entre otros, para ahondar en posibles delitos de urbanismo, tanto de particulares como de funcionarios públicos.
EL ACTUAL ALCALDE
Se da la circunstancia de que una de las personas citadas a declarar en calidad de investigado es el actual primer edil de Villamediana, Rubén Gutiérrez, quien ostentaba el cargo de concejal en las filas populares la pasada legislatura. El anterior alcalde, Tomás Santolaya, también citado a declarar en este nuevo auto, ya tuvo que retirarse del puesto hace un año cuando se conocía que la Fiscalía investigaba indicios de prevaricación en él y el arquitecto municipal.
Fue el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Diego Ubis, así como el concejal de la formación naranja en la localidad, Modesto Fernández, quien exigió la dimisión inmediata de Santolaya. Pese a que el asunto se demoró varios días, el dirigente popular acabó abandonando su cargo en virtud al pacto alcanzado entre Ciudadanos y el PP.
“Estamos en disposición de cumplir ese pacto, de seguir gobernando Villamediana, de seguir resolviendo problemas, como en las dos últimas legislaturas, de cumplir su programa electoral y de continuar trabajando en beneficio de los villametrenses”, señaló entonces el secretario general de los populares y ahora consejero de Fomento, Carlos Cuevas.
LA AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El SEPRONA realizó hace meses una inspección n la que se verificó la realidad de “múltiples viviendas unifamiliares fuera del caso urbano no vinculadas a explotación agraria o ganadera alguna”, lo que permitió elaborar un informe que acabó con una relación de construcciones “claramente irregulares”. Se elaboraron entonces dos listas, una con las parcelas de los llamados “sectores diseminados”, que abarcaría 69 edificaciones, y otra con las parcelas de los llamados “sectores rústicos”, en las que se contabilizaron 209 construcciones.
Tras varias inspecciones, el SEPRONA redujo la primera lista a 20 construcciones susceptibles de focalizar la investigación, comprobándose que se trataban, en algunos casos, de viviendas construidas al amparo de licencias concedidas para casetas de aperos y que no resultan compatibles con el suelo no urbanizable.
Lo que resulta “indiciario” y “presuntivamente extraño y contrario a criterios urbanísticos objetivos de armonización del medio natural y el núcleo urbano”, señala la jueza, es que el PGM de Villamediana haya clasificado el suelo donde se asentaban las 69 construcciones como urbanizable, pues es fácil apreciar que esos sectores están más alejados del núcleo urbano que otros también investigados y porque presentan una concentración menor de edificios, que siguen siendo suelo no urbanizable.
“Constituye una resolución administrativa contraria a la Ley, que provoca un resultado injusto que sólo pretende hacer efectiva la voluntad particular de los funcionarios que intervienen en dar un trato de suelo urbanizable al suelo que no tenía la consolidación suficiente ni proximidad al núcleo urbano y, desde luego, mucha menos que otros polígonos que no obtuvieron esa misma clasificación”, apunta el auto.
*Los concejales citados a declarar son José Ángel de la Concepción, Adelina Martínez, Elena Suárez, Rubén Gutiérrez, Julia Olarte y Antonio García.
